A su retorno de Bogotá donde realizaron un plantón en las afueras del búnker de la Fiscalía, además de visitar otras entidades del Estado en busca de respuesta satisfactorias los familiares de las víctimas del fiscal antibacrim monteriano, Mario Lora, esperan que se materialice la promesa que les hicieron en la Procuraduría General de la Nación: designar una agencia especial en este proceso.
Así lo indicó Ermes Suárez Rivas, hermano de Harold Suárez Rivas, uno de los dos jóvenes que la noche del 18 de junio del año pasado asesinó el funcionario. La otra víctima fue Camilo Andrés Rodríguez López y el hecho ocurrió en un establecimiento público de la calle 41 de Montería, donde Lora tomaba licor con su hijo, que para ese entonces era menor de edad.
El fiscal disparó cuando ya un agente de la Policía requisaba a los dos jóvenes, luego que el hijo de Lora le dijera a su padre que supuestamente Suárez y Rodríguez lo iban a atracar en el baño. Sin embargo, la Policía no les encontró armas y mucho menos anotaciones.
'En Bogotá encontramos muchas respuestas que en Córdoba ninguna autoridad nos ha dado, la Fiscalía está comprometida con el caso y lo mejor de todo es que en la Procuraduría nos mostraron la carpeta del proceso, además de todo el flujo de correos entre el procurador de Córdoba y el Procurador General de la Nación y nos aseguraron que el caso será ‘blindado’ con una agencia especial', explicó Ermes Suárez Rivas.
Sendas familias por el momento descartan la posibilidad de volver a solicitar un cambio de radicación del caso, después de convencerse del compromiso tanto de Fiscalía como de Procuraduría con el avance del proceso, ajustado a la ley.
'Si va a haber una agencia especial de la Procuraduría y existe vigilancia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, entonces no sería por ahora el cambio de radicación, además lo que queremos es que no se pierda tiempo', explicó Suárez.
El fiscal Lora fue beneficiado con medida no privativa de la libertad mientras el caso avanza penalmente. Sin embargo, en Montería y Cereté varios jueces y fiscales se declararon impedidos al parecer por cercanía y amistad con la familia del imputado.
Las familias de las víctimas esperan que no se presenten dilaciones en el proceso y que el fiscal no termine beneficiado con prisión domiciliaria, sino que sea condenado con pena intramural, 'porque los asesinos deben estar detrás de rejas y él mató a dos jóvenes', sostiene Ermes Suárez.
La audiencia preparatoria del juicio está prevista para este 29 y 30 de noviembre en el Juzgado Penal del Circuito de Lorica.
