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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tomó recientemente la determinación de posponer la controvertida licitación destinada a servicios de e-learning (aprendizaje electrónico) por la millonaria suma de $78.2 mil millones. Esta medida se produce luego de la solicitud de la Procuraduría para revocar la licitación, en medio de preocupaciones sobre posibles irregularidades en el proceso.

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Originalmente programada para la adjudicación el 22 de diciembre, la entidad ha optado por reprogramarla para el 27 del mismo mes. Este cambio en la agenda responde directamente a las observaciones presentadas por la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

La licitación en cuestión tiene como objetivo contratar los servicios de una plataforma de aprendizaje virtual tipo E-Learning – LMS, con la finalidad de ampliar la formación y contribuir al desarrollo social, rural, económico, cultural y tecnológico del país. Sin embargo, la polémica ha girado en torno a posibles irregularidades, como el direccionamiento de pliegos y la exigencia de certificaciones ISO, prohibidas por el Estatuto de Contratación Pública.

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La Procuraduría, a través de su delegada preventiva, ha planteado la posibilidad de revocar el acto administrativo de apertura debido a estas presuntas irregularidades en las reglas del procedimiento de selección. Este planteamiento se basa en la premisa de evitar afectaciones a los derechos de las personas y al patrimonio público.

Y es que, según el ente de control, el requisito de certificaciones ISO establecido por el SENA podría 'vulnerar los principios de libre concurrencia, pluralidad y participación, cercenando a la entidad al mismo tiempo, la posibilidad de recibir mejores ofertas para cumplir con el objeto contractual'.

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La decisión del SENA de aplazar la licitación se presenta como una medida cautelar para realizar un análisis más detenido de la situación, garantizando así la transparencia y legalidad del proceso de contratación. Se espera que este análisis permita ajustar las condiciones de la licitación de acuerdo con los principios y normas establecidos en el Estatuto General de Contratación Pública.