Un informe de la Contraloría que le fue enviado en su momento al entonces superintendente de Salud Ulahy Beltrán, con copia al presidente Gustavo Petro, da cuenta que esta entidad no contaría con la capacidad necesaria para solventar las deudas de las EPS con medidas de vigilancia especial, intervenidas o liquidadas, por lo que ese sería el caso con las EPS Sanitas y Nueva EPS, recientemente intervenidas.
En el documento de 20 páginas, el ente de control es claro en advertir de la 'inminente' pérdida de recursos públicos del sistema de salud por la mala gestión llevada a cabo en las EPS que están con las condiciones mencionadas anteriormente.
La Contraloría, además, sostiene en su informe que hay inefectividad en las acciones sancionatorias y en las medidas de inspección, vigilancia y control para que las EPS cumplan sus obligaciones.
Esto último también lo advierten para las EPS intervenidas lo que, explican, 'perpetúa el problema en el tiempo y genera desgaste administrativo sin una solución clara a la vista'.
En esa misma línea, el organismo de control encontró que como las vigilancias especiales y las intervenciones terminan, por lo general, en procesos de liquidación, las Entidades Prestadoras de Salud corren el riesgo de no sanear sus deudas lo que implica una posible pérdida de los recursos comprometidos en estas carteras.
Y es que a pesar de las sanciones impuestas, la administración de los recursos sigue siendo igual lo que deja en evidencia que las penalizaciones no están corrigiendo los incumplimientos, lo que conlleva un riesgo financiero para las IPS y a su vez 'afecta la calidad de la atención a los afiliados'.
