Colombia

Procuraduría: investigador y juez no serían el mismo y habría doble instancia

La procuradora Margarita Cabello radicó este jueves el proyecto de reforma al Código Disciplinario por caso Petro.

La procuradora Margarita Cabello radicó este jueves ante el Congreso el proyecto de ley que pretende reformar el Código General Disciplinario, tras lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo del 8 de julio de 2020 sobre el caso de Gustavo Petro.

La iniciativa está "encaminada principalmente a fortalecer las garantías en los expedientes disciplinarios, especialmente contra los servidores públicos de elección popular", indicó el Ministerio Público en un comunicado.

En el punto de facultades jurisdiccionales, la Procuraduría propone al Congreso de la República que le sean ampliadas las funciones jurisdiccionales únicamente en lo relacionado con el área misional disciplinaria, lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad.

Así mismo, plantea la división en las fases investigativas, con el fin de garantizar que las etapas de investigación y juzgamiento dentro del proceso sean atendidas por diferentes funcionarios. Así, quien investigue no será el mismo que atienda los descargos y juzgue.

Y se sugiere la creación de la sala de juzgamiento, a fin de garantizar en todos los procesos, la doble instancia, y la configuración adecuada de los principios y las categorías disciplinarias, entre otros.

Al respecto, Cabello señaló que el articulado "fortalece y profundiza las garantías constitucionales ya existentes para los disciplinados, propugnando por la autonomía e independencia de los servidores públicos que tendrán a cargo en lo sucesivo los procesos disciplinarios, cumpliendo así con los estándares internacionales, contenidos en la decisión proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

El ente de control indicó que a la fecha se adelantan 12.142 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular: 8.138 alcaldes, 3.108 concejales, 644 gobernadores, 163 diputados, 38 ediles, 30 representantes a la Cámara y 21 senadores.

La Corte IDH cuestionó en el fallo la facultad de la Procuraduría para limitar los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular, a través de sanciones como la inhabilitación o la destitución.

Esto luego de la polémica sanción impuesta por el ex procurador Alejandro Ordóñez contra el ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro.

En este sentido, el próximo 19 de agosto de 2021 la corporación del sistema interamericano verificará los avances que ha emprendido Colombia tras la sentencia.

Este proyecto fue materia de desencuentro entre Cabello y su antecesor, Fernando Carrillo, pues mientras este había presentado otro articulado al respecto afirmando que había sido consultado con la nueva procuradora durante el empalme, la funcionaria aseveró que no fue así.

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