El presidente Gustavo Petro y el senador Jonathan Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, se encontraron este viernes en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en medio del proceso judicial que también involucra a los representantes Lina Garrido y Miguel Polo Polo. Sin embargo, la audiencia terminó sin acuerdo entre las partes
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El encuentro, liderado por el magistrado César Reyes, se extendió durante más de dos horas este viernes 22 de mayo y se realizó en un ambiente tranquilo. Petro asistió acompañado de su abogado Alejandro Carranza, mientras que por parte de los congresistas denunciados únicamente acudió Jota Pe Hernández. Lina Garrido y Miguel Polo Polo no se presentaron a la citación judicial.
El proceso se originó tras una denuncia presentada por el mandatario a comienzos de 2026, relacionada con publicaciones en la red social X y declaraciones públicas en las que, según la defensa del presidente, los congresistas lo asociaron con delitos como narcotráfico, fraude y traición, además de atribuirle responsabilidad en muertes de militares, policías y civiles.
La denuncia contempla presuntos delitos de injuria, calumnia, hostigamiento agravado, instigación a la guerra y menoscabo de la integridad nacional. Parte de las acusaciones están ligadas a mensajes donde se mencionaba una posible intervención de Estados Unidos en Colombia y expresiones que calificaban al jefe de Estado como “extraditable”.
La defensa de Petro buscaba que los congresistas ofrecieran una retractación pública. Según Carranza, el objetivo era salvaguardar la “institucionalidad y la soberanía nacional”, al considerar improcedente que funcionarios públicos soliciten acciones de un gobierno extranjero contra el presidente colombiano.
No obstante, Jota Pe Hernández mantuvo su posición y rechazó retractarse. El senador aseguró que sus actuaciones hacen parte de su deber político y reiteró que continuará promoviendo investigaciones internacionales contra el mandatario porque, según afirmó, “nadie está por encima de la ley”.
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Tras el fracaso de la conciliación, la Sala Especial de Instrucción deberá analizar el material probatorio y decidir si existen fundamentos suficientes para avanzar hacia una acusación formal contra los congresistas vinculados al caso.
