Operativos en Chiribiquete dejan un civil muerto y un militar retenido
Según las FF. MM. se trata de invasiones en áreas ecológicas. Entre tanto, comunidades indígenas denuncian que les incineraron sus casas.
Protestas contra la Operación Artemisa del Ejército contra invasiones en áreas de protección ecológica en el Parque de Chiribiquete, en el Guaviare, dejan este domingo un civil muerto y un militar retenido.
Según el Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, se presentó una asonada contra los funcionarios públicos durante el desarrollo de la fase 14 de la Operación Artemisa contra los delitos de invasión a áreas de importancia ecológica.
“Es importante mencionar que la interferencia en las labores que adelantan los servidores públicos está contemplada en la ley como un delito y frente a estos hechos se adelantarán las acciones judiciales correspondientes”, se lee en el comunicado oficial.
De acuerdo con el reporte, un civil falleció y un soldado se encuentra retenido por la comunidad.
Además, se registró la captura de dos personas y fueron destruidas dos infraestructuras ilegales.
Agregó la Fuerza de Tarea Omega que la operación se estaba haciendo en cumplimiento de una orden judicial.
Para las Fuerzas Militares, la comunidad "de manera irregular habita en este Parque Nacional Natural, que fue declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco desde el año 2018, por lo que reviste de especial protección conforme a la Ley y normatividad vigente".
Y afirmaron que la situación ya fue puesta en conocimiento de la autoridad judicial competente para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos.
De otro lado, la Comisión de DD. HH. de los Pueblos Indígenas de Colombia denunció "la desaparición de cinco indígenas del Cabildo La Esperanza de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá", en medio de los hechos que se presentaron "el día de ayer, 5 de marzo de 2022, cuando en horas de la madrugada funcionarios del Ejército y la Policía ingresaron a las veredas El Triunfo y La Esperanza, en San Vicente del Caguán, y procedieron a incinerar y detonar cargas explosivas en las viviendas de campesinos e indígenas".
Estos hechos, añaden, "se suman a las múltiples agresiones que en los últimos meses han afectado diariamente a las comunidades indígenas del departamento y la Amazonía Colombiana y de las cuales el Estado es completamente responsable".
Por ello, hicieron un llamado a la Defensoría Del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, ONU Colombia y demás organizaciones de Derechos Humanos para "apoyar a los pueblos indígenas con la búsqueda de los desaparecidos e insten al Gobierno de Colombia a proteger la integridad de la población indígena en zonas de conflicto.
