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Colombia

ONU advierte que masacres en Colombia aumentaron 164% durante 2018

En San José de Uré, Córdoba y Barrancas, La Guajira, la tasa de homicidios creció un 1.473% y 880% respectivamente.

En el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se dio a conocer este jueves en la capital del país y que revisa la situación de los derechos humanos en el país durante 2018, sorprendieron los incrementos en la tasa de homicidios y en el número de masacres perpetrados en el  territorio nacional.

El ente multilateral advirtió que en 2018 el número de masacres aumentó en un 164% respecto a 2017, al pasar de 11 a 29 casos. La mayoría de estas matanzas ocurrieron en Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá. Y en los tres primeros de esos departamentos se observó también una mayor incidencia de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos.

Además, de acuerdo a datos de la Policía citados por el organismo, el 49,5% de los municipios, registró un aumento de la tasa de homicidios con respecto a 2017. Por ejemplo, en San José de Uré, Córdoba y Barrancas, La Guajira, la tasa de homicidios creció un 1.473% y un 880%, respectivamente.

Nuevos ‘falsos positivos’

La ONU indicó que el año pasado hubo 11 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales o mal llamados ‘falsos positivos’ en Antioquia, Arauca, Huila, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander.

“La Policía sería presuntamente responsable de seis casos, y el Ejército, de cinco”, se lee en el documento.

Defensores de DD.HH.

La entidad dijo que ve “con preocupación” los 110 asesinatos de defensores de los derechos humanos durante 2018.

“Las causas estructurales derivan en buena medida de la débil o nula presencia del Estado en algunas zonas rurales, (…). También son el resultado de sustanciales retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos”, concluye.

Los autores fueron: antiguos paramilitares (40%), individuos (18%), ELN (8%), disidencias (8%), fuerza pública (5%), EPL (4%) e indeterminados (17%).

La implementación

El Gobierno, pone de manifiesto el documento, “tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación del Acuerdo”.

De igual forma, hace un llamado tanto al Ejecutivo como al ELN a acordar un cese al fuego bilateral y llama a la guerrilla “a no tomar rehenes”.

Llama la atención que la ONU se refiera a la detención del sucreño Jesús Santrich “lo que generó un impacto considerable y negativo en la percepción de seguridad jurídica de los antiguos integrantes de las Farc”, y advierte en este sentido: “Preocupa que la JEP no haya podido aún tener acceso a las pruebas que le permitirían determinar el momento en que se cometieron los presuntos delitos”.

También condena los asesinatos de 85 ex Farc desde la firma del Acuerdo, señalando que “generan un serio riesgo para la estabilidad del proceso de paz”.

La JEP

La ONU reitera que no ve con buenos ojos el intento de establecer un juzgamiento especial para militares en la JEP, punto que tumbó el pasado miércoles la Corte Constitucional al revisar la ley de procedimiento de la JEP.

“Preocupan (…) las disposiciones que impiden expresamente a la JEP investigar a los agentes del Estado (…). Dichas disposiciones afectarían gravemente el derecho de las víctimas y podrían comprometer el deber internacional del Estado de investigar, juzgar y sancionar las violaciones graves de los derechos humanos”, se lee.

Finalmente, el ente multilateral exhorta a todas las entidades del Estado “a respetar la independencia” del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, “y en particular” la de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

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