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Cuatro hechos marcaron la agenda de este primer periodo de la legislatura 2019-2020.
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Colombia

Moción de censura, paro y candentes debates en balance del Congreso

La primera mitad del período estuvo atravesada por la moción de censura a Guillermo Botero, el paro nacional, el debate de la no casa por cárcel a corruptos y la reforma tributaria.

Cuatro hechos legislativos marcaron la agenda de este primer periodo de la legislatura 2019-2020: la moción de censura contra el exministro de Defensa, Guillermo Botero; la presencia de los promotores del paro nacional en el Capitolio; el aval del Parlamento al proyecto anticorrupción de la eliminación de la casa por cárcel para los corruptos –tras el intento fallido de la legislatura pasada- y la aprobación de la reforma tributaria.

El que acabó el pasado viernes fue un periodo particular, debido a que estuvo cruzado por elecciones regionales, lo que lo puso a media marcha a raíz de que los congresistas están buscando votos para sus partidos más que legislando; la Corte Constitucional le impuso al Legislativo la necesidad de volver a tramitar una reforma tributaria ante la inexequibilidad de forma de la Ley de Financiamiento; están en desarrollo la serie de manifestaciones populares multitudinarias alrededor del paro nacional que han requerido el empleo del Capitolio y para nadie es un secreto que al gabinete duquista le cuesta entenderse con el Congreso por la ausencia de ‘mermelada’ dicen unos, por lo técnico –más que político- de los ministros dicen otros y por la falta de presencia del oficialismo en el Gobierno argumentan los demás.

Sin embargo, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, salió el viernes pasado dando un parte de victoria por la cosecha del Ejecutivo en cuanto a proyectos presentados y proyectos que respaldó. Fueron 11, dijo la jefa de la cartera política, las iniciativas por las que saca pecho la Casa de Nariño: el proyecto anticorrupción de rendición de cuentas, el de los conflictos de interés, el de la publicación de declaración de bienes, el de las sanciones para condenados por corrupción y eliminación de la casa por cárcel, la reforma constitucional de cadena perpetua para abusadores de niños y niñas, la reforma al régimen de regalías, la reforma tributaria, el de las exenciones de la Copa América, el de homenaje póstumo y beneficios para las familias de las víctimas de la Escuela General Santander, el del Presupuesto 2020 y el de los ascensos militares.

La moción Botero

 El pasado 5 de noviembre, en el pleno del Senado, Roy Barreras, de La U, al exponer la solicitud de moción de censura contra el exjefe de la cartera de seguridad reveló que en un bombardeo en San Vicente del Caguán, Caquetá, el pasado 29 de agosto, habrían resultado muertos varios menores de edad, de acuerdo a registros de Medicina Legal que, según el senador, habrían sido escondidos al público por parte del Gobierno.

De inmediato se produjo un escándalo nacional, y las bancadas de la oposición, las independientes liberal y de Cambio Radical y hasta la oficialista La U anunciaron su voto contra Botero, con lo que la salida del exministro estaba cantada, lo que llevó a que entre el propio funcionario y el presidente Iván Duque acordaran su salida del gabinete para evitar la inminente derrota en el recinto del Senado.

El ex ministro de defensa Guillermo Botero. Archivo

El paro al Congreso

 El papel del presidente del Congreso, el bolivarense Lidio García, del Partido Liberal, fue activo durante la crisis social sin precedentes en la historia del país, llamó la atención del Gobierno y legitimó a los promotores de las manifestaciones.

Primero pidió al presidente incluir en la “conversación nacional” a “todas las fuerzas políticas”, les solicitó a los coordinadores ponentes de la Ley de Crecimiento Económico detener el trámite hasta tanto no fuese escuchado en el Capitolio el Comité Nacional del Paro y le dio vocería a los líderes marchantes.

Al término de la reunión con los promotores de las marchas, ambas partes expresaron una declaración en conjunto en la que el Congreso se convirtió en un facilitador del diálogo entre el Ejecutivo y los manifestantes.

La no casa por cárcel

 El de la eliminación del beneficio de la casa por cárcel para los corruptos se convirtió en el proyecto bandera del paquete anticorrupción que se derivó de la no avalada pero multitudinaria Consulta Anticorrupción de 2018 y de la mesa que luego convocó el Gobierno para sacar adelante en medio de un acuerdo político entre oficialismo, independencia y oposición dichas iniciativas.

Pero al final de la legislatura pasada la iniciativa naufragó en medio de polémicas actuaciones entre el Legislativo y Ejecutivo, en las que hubo un falso conciliador, señalamientos mutuos de responsabilidad entre ambas cámaras y un confuso papel del Gobierno en medio de todo.

Por ello, el hecho de que la plenaria del Senado avalara el viernes la conciliación del proyecto fue una buena noticia para el clamor de la ciudadanía.

Sin embargo, pesa el fantasma de un vicio de trámite, debido a que en la Cámara, al momento de votarlo, la vicepresidenta María José Pizarro, de los Decentes, levantó la plenaria ante la no existencia de cuórum. Luego, el presidente de la corporación, Carlos Cuenca, de Cambio Radical, avaló una apelación, la sometió a votación positiva, reanudó el pleno y le dio trámite a la conciliación de la iniciativa. Y esto, según los entendidos, pudo originar un vicio sobre el que será eventualmente la Corte Constitucional la que definirá.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Archivo

La reforma tributaria 2.0

 El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como pocos en el gabinete duquista, logró hacer pasar dos veces un mismo proyecto impopular, esta vez además con las calles exigiendo su retiro del trámite en el Capitolio y con la declaratoria de guerra que le hizo a la iniciativa el Partido Liberal, una de las fuerzas más numerosas del Congreso.

No obstante, para que se le pudiera dar debate al articulado fueron necesarios dos decretos de convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Palacio de Nariño: una primera del 17 al 20 de diciembre y una segunda del 21 al 23 de diciembre, que finalmente sobró, pues ambas cámaras se emplearon a fondo, a las carreras y citando una última sesión durante la madrugada del viernes, para alcanzar a sacar la reforma.

En todo este trámite resultó fundamental el apoyo de Cambio Radical, colectividad que antes estaba dividida entre el ala vargasllerista –reacia a negociar con el Gobierno- y el ala charista –más afín al oficialismo-, pero que frente a esta ley cedió ante la postura de la casa política costeña, propuso modificaciones, que fueron avaladas previamente por el Gobierno, se reunió con el presidente de cara a la coalición para la tributaria y terminó celebrando junto a Palacio.

Los números finales

 Congreso Visible reportó que para esta legislatura se radicaron 520 proyectos de ley y actos legislativos, y de ellos solo 262 salieron publicados y 168 tuvieron ponencia, pero alcanzaron a debatirse.

De las 13 iniciativas presentadas y apoyadas por el Gobierno, 11 tuvieron feliz término.

Entre los proyectos anticorrupción pasó el de la no casa por cárcel a los corruptos, el que obliga a los servidores públicos elegidos por voto popular a publicar su declaración de renta. Pero se hundieron cuatro iniciativas anticorrupción y no hubo trámite al de bajar los sueldos de congresistas y altos funcionarios.

En los articulados de paz, la oposición, los independientes y la disidencia de La U lograron la prórroga por diez años de la Ley de Víctimas, que hizo tránsito a Senado tras cumplir su agenda en Cámara.

Un tema que llamó la atención es que el Congreso no cumplió a cabalidad con lo planteado en las extras, pues solo tramitó la reforma tributaria, las exenciones de impuestos de la Copa América y los ascensos de 40 altos oficiales de la fuerza pública, y quedaron en veremos las conciliaciones del proyecto que implementa la historia clínica electrónica, que establece que toda la red de hospitales públicos del país tenga un sistema que permita compartir sus historias clínicas y el de obras civiles inconclusas, que permite que la Contraloría lleve un balance de proyectos regionales que no se han terminado, su valor y su avance para que los mandatarios entrantes evalúen si seguir adelante con estos o tomar medidas al respecto.

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