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Colombia

Investigan presunto abuso de una menor por parte de militares

La Procuraduría asumió la indagación disciplinaria. La Fiscalía individualizó a ocho soldados del Ejército en Pueblo Rico, Risaralda.

La Procuraduría General abrió indagación preliminar contra los soldados que señalan de haber abusado a una menor de la comunidad indígena Embera, en el municipio de Pueblo Rico (Risaralda). 

La actuación, que inició la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército Nacional, con sede en Pereira, ahora la asumió el Ministerio Público.  

“Cuando se trata de investigaciones que involucren conductas como la del asunto objeto del presente pronunciamiento, se considera que dada su presunta gravedad, reiteración y afectación de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes, y ante el imperativo de obtener protección contra toda forma de violencia contra estos sujetos de especial protección, deben ser asumidas por la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de los fines esenciales inherentes a la entidad y dispuestos en los mandatos constitucionales”, precisó el ente de control.

Los hechos investigados, según la Procuraduría, “podríanllegar a constituir afectación de derechos humanos, en atención a la condiciónespecial de la víctima por tratarse de una menor de edad que pertenece a ungrupo étnico”.

El Ejército colombiano, a través de un comunicado, reconoció una denuncia de abuso sexual hecha ante sus oficiales y que habría ocurrido este lunes 22 de junio en Risaralda.Según lo expresado, los hechos que son materia de investigación fueron puestos en conocimiento del comandante de la unidad militar orgánica de la Quinta División por parte de un suboficial.

El Ejército asegura que “al parecer un grupo de soldados estarían inmersos en un posible caso de abuso sexual con menor de edad, perteneciente al resguardo indígena Embera (…) de inmediato se puso conocimiento a la autoridad competente con el fin de constatar la situación denunciada e iniciar las acciones a las que haya lugar, que permitan esclarecer los hechos y posibles responsables”.

La niña fue trasladada hasta el puesto de salud del corregimiento para valoración médica y le fue realizada la restitución de sus derechos por parte de la Unidad de Infancia y Adolescencia y la comisaría de familia de Puerto Rico, Risaralda.

Posterior a la denuncia, el mayor General Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante de la Quinta División del Ejército Nacional dijo en rueda de prensa: “Nuestros soldados son capacitados y entrenados precisamente para un comportamiento adecuado y en este momento manifestamos nuestra total solidaridad con la familia y la comunidad y estamos totalmente prestos y disposición a cumplir con todos los requerimientos necesarios”.

A los soldados regulares, que fueron relevados inmediatamente se supo de la denuncia, les quedaban seis meses de servicio militar.

“Desde que tuvimos conocimiento inmediatamente este grupo fue traído por el comando del batallón acá a Pereira y ya los organismos de control están haciendo sus investigaciones con ellos. En el momento salen de su función principal que estaban garantizando en el corredor de movilidad hacia el Chocó, ya esa tropa fue relevada”, explicó el comandante. 

Rechazo del presidente

Ante el hecho, el presidente de la República, Iván Duque, se pronunció desde su cuenta de Twitter y anunció que le dio la orden al Ministerio de Defensa de apoyar la investigación de la Fiscalía.

“No toleramos ningún tipo de abuso a menores de edad y mucho menos cuando involucre uniformados que enlodan honor de las Fuerzas Militares con actos ruines como el denunciado en Pereira contra una niña indígena. He dado orden al Ministerio de Defensa de apoyar diligentemente investigaciones de la Fiscalía General”, ‘trinó’ Duque. 

Defensoría se pronuncia

Por su parte el defensor del pueblo, Carlos Negret manifestó que el hecho que cometieron, presuntamente, los ocho militares debe causar un  dolor en el alma a toda la sociedad colombiana. 

Negret añadió: “Uno no se imagina que un ciudadano colombiano sea capaz de vulnerar los derechos de una niña de 13 años (...) a  uno se le anida un dolor muy grande en el corazón, estas cosas no pueden seguir ocurriendo”

Ante los hechos, el pueblo Embera Katío también se pronunció y denunció que la menor de 12 años fue además “secuestrada (...) por un grupo indeterminado de soldados del Ejército de Colombia, quien está en el territorio para brindar seguridad y conservar el orden, especialmente en épocas de esta pandemia”. 

El mensaje fue compartido por la presidenta del partido Mais, a nombre del gobernador mayor del pueblo Embera, Juan de Dios Queragama Nariquiaza.

“Esta no sólo ha sido una agresión para nuestra niña y su dignidad como ser humano y como miembro de un pueblo ancestral, ha sido una agresión para todo nuestro pueblo y un acto que defrauda la confianza que hemos depositado en ellos como representantes del Estado”, expresó Queragama Nariquiaza.

La carta compartida también manifiesta que la comunidad indígena exige que los agresores sean entregados para que desde la autoridad y autonomía que tienen puedan ser juzgados y una vez paguen su condena bajo la legislación del pueblo indígena, sean juzgados por las leyes de ustedes”

“Aberrante e inaceptable”

La vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, y la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, condenaron el abuso sexual del que fue víctima la menor en Risaralda.

“Es aberrante e inaceptable el abuso sexual del que fue víctima la menor de la comunidad Embera Chamí. El Gobierno no la dejará sola y por eso solicitamos a la Fiscalía acelerar el proceso investigativo para que se haga justicia. Este es un caso que merece la condena social, debemos actuar con celeridad y coherencia para defender los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es el momento de aplicar la cadena perpetua”, afirmó la vicepresidente.

Por su parte, la consejera Gheidy Gallo resaltó que la violencia sexual contra niñas es una grave violación de sus derechos que afecta también a la sociedad y las comunidades y se relaciona con actos de discriminación y exclusión, cuando la misma recae sobre una niña indígena. En ese sentido, refirió que el enfoque diferencial para abordar y priorizar el caso debe ser parte del análisis, contexto y respuesta institucional a tan indignante caso.

La Fiscalía investiga

La directora de la Fiscalía Seccional Risaralda, Maritza Chavarro Antury, explicó que se dispuso de un grupo especial para adelantar “de manera pronta e imparcial” la investigación de la denuncia de acceso carnal violento contra la niña indígena. “El Ejército ha contribuido con información para el esclarecimiento de los hechos que hoy son materia de investigación”, agregó.

La Fiscalía informó que ya individualizó a ocho soldados que tendrían responsabilidad penal y precisó que han recibido 25 declaraciones de personas que podrían ser testigos del caso.

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