Hacinamiento en cárceles a cargo del Inpec se eleva en un 20,6%: Defensoría
Ante esa problemática el titular de esa entidad propone una reforma al sistema carcelario y penitenciario del país.
El índice de hacinamiento en los centros de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se elevan a un 20,6 %, cifra que registra una sobrepoblación de 16.621 personas privadas de la libertad, teniendo en cuenta que la capacidad de cupos en los centros de reclusión es de 80.922.
Ante ese escenario, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, el foro ‘La crisis de hacinamiento carcelario: avances y retos para su superación’, señaló que en Colombia se requiere de un sistema orientado al respeto de los DD. HH. de las personas privadas de la libertad, para garantizar su resocialización y evitar que vuelvan al ciclo de la criminalidad, por lo que propone reformar de manera integral el sistema penitenciario y carcelario.
En el evento el defensor mostró su preocupación por la política criminal del Estado colombiano, la cual, a su criterio, se ha caracterizado por la creación de nuevos delitos dentro del Código Penal y en un incremento generalizado de las sanciones existentes.
“Esto ha generado inevitablemente un colapso de las cárceles y penitenciarias, sin que se pueda advertir una verdadera disminución en los índices de criminalidad”, aseguró el defensor.
Por otra parte, el funcionario indicó que debe asegurar que las funciones de custodia de las personas privadas de la libertad se cumplan con los más altos estándares de calidad, para evitar cualquier riesgo de fuga.
“La crisis carcelaria, sumada a los hechos acontecidos en días pasados, pone de relieve la necesidad de adelantar una reforma legislativa que reoriente el sistema carcelario y penitenciario para que le devuelva a la sociedad la confianza en sus instituciones, y que permita el cumplimiento de las finalidades de custodia y protección de los derechos humanos”, dijo el defensor del Pueblo en medio del evento en el que estuvieron autoridades del Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura, el Inpec y la Uspec.
“Se requiere de una política criminal que se enfoque en la prevención de los delitos, que facilite la rehabilitación y que permita romper con el ciclo delictivo que va de la cárcel a la reincidencia. Necesitamos una política criminal seria y coherente, que realmente sea útil en la tarea de brindar condiciones de seguridad a la ciudadanía pero sin descuidar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”, enfatizó Camargo.
Con relación al hacinamiento, el jefe del organismo precisó que esta situación repercute negativamente en todos los aspectos de la vida y dignidad humana de las personas privadas de la libertad.
“Esta problemática les impide el acceso efectivo a los servicios básicos como la prestación del servicio de salud, a procesos de rehabilitación y reinserción social, la calidad de la alimentación que reciben y la existencia de espacios habitables adecuados que garanticen condiciones de salubridad”, dijo Camargo.
A juicio de Camargo, “es por esta razón que urge una reforma al sistema penitenciario y carcelario que le asegure a la ciudadanía que las funciones de custodia y vigilancia respecto a las personas privadas de la libertad se cumplan con los más altos estándares de calidad, para evitar cualquier riesgo de fuga”.
En los próximos días la Defensoría del Pueblo dará a conocer un informe sobre las condiciones de derechos humanos y hacinamiento en los centros de detención transitoria de todo el país, para que las autoridades competentes tomen medidas urgentes sobre este asunto.
