Por su presunta responsabilidad en viabilizar la ejecución irregular al contrato vial Ruta del Sol II, la Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, radicó escrito de acusación en contra de la exministra de Transporte, Cecilia Elvira Álvarez - Correa Glen.
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De acuerdo al ente acusador, la exfuncionaria no impidió que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, realizara dos adiciones consideradas como 'improcedentes' que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, 'asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes'.
Esto quiere decir que Álvarez-Correa con su presunta omisión 'desnaturalizó el objeto inicial del contrato' y desconoció que las obras adicionales (tramo Ocaña-Gamarra) se debían adelantar por licitación pública.
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Por dichas actuaciones la Fiscalía considera que la exministra sería responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Asimismo, informaron que la fecha en la que se llevará a cabo la audiencia de acusación deberá ser fijada por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Cabe recordar que durante la audiencia de imputación de cargos a principios de julio de este año, Gabriel Jaimes, fiscal delegado ante la Corte Suprema, expuso que Álvarez-Correa ostentaba el cargo de suplente de la sociedad portuaria de la construcción de un puerto fluvial para transporte de mercancías por vía terrestre y acuática en Gamarra y del que sus estudios comenzaron en 2008.
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'El 28 de mayo de 2010 la sociedad discutió en junta directiva la proximidad de este puerto con la Ruta del Sol II y Álvarez dijo que estaba de acuerdo con el proyecto', expresó Jaimes.
El fiscal agregó que el 9 de marzo de 2009 se expidió el Conpes 3591 y el 14 de enero de 2010 se suscribió el contrato entre el Inco y la Ruta del Sol II. El 3 de septiembre de 2012 Álvarez-Correa fue nombrada ministra de Transporte. Y el 19 de noviembre de ese año presentó un impedimento para conocer temas relacionados con las sociedades portuarias mencionadas debido a que personas cercanas tenían acciones en las mismas.
'Los otrosíes número 3 y 6 fueron suscritos con el aval del Confis y Conpes, así mismo todo el tiempo en que Álvarez fue ministra de Transporte, como máxima autoridad del sector, le correspondía ejercer la relación con la ANI. (...) La fiscalía encontró sobre estos hechos el interés indebido en la celebración de contratos, y por eso queremos hacer la imputación soportada en elementos probatorios', advirtió en su momento el representante del organismo de investigación penal.
