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Manifestantes hacen un homenaje a los miembros de la UP que fueron asesinados.
Colombia

Exterminio de la UP, el sexto caso que llega a la JEP

El caso del barranquillero José Antequera fue uno de los más sonados. El pasado tres de marzo se conmemoró  los 30 años de su muerte y aún no se conoce el responsable.

El 3 de marzo de 1989, mientras conversaban en el Aeropuerto El Dorado el líder barranquillero de la Unión Patriótica, José Antequera y el entonces precandidato presidencial del liberalismo, Ernesto Samper, sonaron ráfagas de disparos que segaron la vida del izquierdista y dejaron con el 5% de posibilidad de vida a quien, cinco años más tarde, sería el presidente de Colombia.

Antequera nació en Barranquilla el 7 de septiembre de 1956. Hijo del abogado penalista Augusto Antequera. Estudió en la Universidad del Atlántico, y allí fue secretario general de la Juventud Comunista Colombiana y presidente de la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios.

Luego, en Bogotá, fue dirigente nacional de la Unión Patriótica y secretario nacional del Partido Comunista Colombiano, tras la muerte de Teófilo Forero.

Antequera, quien pensaba resguardarse un tiempo en su casa materna de Barranquilla, fue asesinado a los 34 años en El Dorado, a manos de cinco personas que le propinaron 28 impactos de bala, mientras que Samper recibió 11 tiros en su cuerpo. 

El barranquillero dejó una esposa y dos hijos pequeños.

Cuando mataron al líder político, ese mismo año ya se habían denunciado 43 muertes de personas adscritas al partido.

Por el crimen, la dirigencia de la UP dijo en un comunicado que “era una muerte anunciada. Lo sabía el Gobierno y su presidente, el señor Virgilio Barco. Lo sabían todos aquellos que financian, protegen, arman y sostienen a los grupos paramilitares”. 

El hecho violento generó protestas que en Bogotá dejaron una persona muerta y varias más heridas.

La UP, que nació como fruto de los acuerdos de La Uribe de 1984 entre el Gobierno y las Farc, fue atacado sistemáticamente durante una década, dejando un saldo de dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y unos 5.000 militantes asesinados.

Los líderes asesinados

El primer crimen fue el de Leonardo Posada, representante a la Cámara, muerto el 30 de agosto de 1986 en Barrancabermeja, Santander. El 14 de agosto de 1987 fue acribillado el senador Pedro Luis Valencia, en Medellín. Y el 11 de octubre de ese mismo año fue asesinado el excandidato presidencial Jaime Pardo Leal. 

El 6 de enero de 1989 asesinaron el concejal de Pereira, Gildardo Castaño Orozco. Y Gabriel Jaime Santamaría, siendo presidente de la Asamblea de Antioquia, murió asesinado dentro de su oficina en La Alpujarra de Medellín, el 27 de octubre de 1989.

Posteriormente, el 22 de marzo de 1990 fue asesinado el también candidato presidencial Bernardo Jaramillo, también en el Aeropuerto El Dorado. En la masacre de Caño Sibao, en el Meta, perpetrada el 31 de mayo de 1992, fueron asesinados los dirigentes comunistas William Ocampo Castillo, María Mercedes Méndez, Rosa Peña Rodríguez, Ernesto Sarralde y Antonio Agudelo. El senador Manuel Cepeda Vargas fue asesinado en 1994.

Entre las pocas líderes políticas que sobrevivieron se encuentran la hoy senadora de los Decentes, Aída Avella, a quien intentaron matar en 1995 y tuvo que exiliarse, y la dirigente política valduparense, Imelda Daza Cotes, quien en 1986 fue elegida concejal por la UP pero también tuvo que huir de la muerte en el exilio.

Y el 6 y 7 de septiembre de 1996 se perpetró la masacre de Mondoñedo, en la que seis estudiantes de la Universidad Distrital y activistas estudiantiles de la UP, Vladimir Zambrano, Jénner Mora, Juan Palacios, Arquímedes Moreno, Federico Quesada y Martín Valdivieso, fueron secuestrados, desaparecidos, torturados, asesinados y calcinados entre Mosquera y Soacha, Cundinamarca, a manos de agentes de la Policía 

Habla Samper

El expresidente le dijo a EL HERALDO que lamentó mucho el asesinato de Antequera: “José era una persona amiga mía, cercana, muy combatiente, muy coherente, muy comprometido con los ideales que hoy día ya se realizaron, de la paz, de la equidad. Por eso la mejor manera de honrar esas víctimas que entregaron sus vidas por un proyecto político, es respetando los principios que entonces defendieron y que hoy día siguen vigentes”.

Narró además la última conversación que sostuvo con el barranquillero: “Era una conversación informal, yo le estaba preguntando que cómo estaba, me dijo que estaba muy inseguro, que se iba para Barranquilla, la casa de su mamá, que era el único sitio donde se sentía realmente seguro. Yo le dije que tenía que cuidarse, acabábamos de estar juntos en un foro que se hizo promovido por la Conferencia Episcopal, si no estoy mal en Usaquén. Hablamos de ese tema cuando sonaron los disparos y los truenos que acabaron con su vida”.

Finalmente, aseguró que espera que en su caso no haya “una justicia vengativa” sino que no se repitan hechos similares en el país: “Para mí la mejor forma de justicia de todos los episodios que vivimos durante la época más dura del conflicto, que fue esa época del narcoterrorismo y el paramilitarismo activo, es que haya paz en Colombia, y que los sucesos que nos ocurrieron a quienes fuimos víctimas de esa ola violenta pues no se vuelvan a repetir jamás. Por eso, como parte final de mi carrera pública estoy dedicado a sostener los acuerdos de paz de La Habana y a implorar porque de alguna manera se considere la posibilidad de terminar esta tarea con el Eln y con todos aquellos grupos que quieran vivir en paz, que es lo que quieren todos los colombianos”.

¿Cómo va la investigación?

El 15 de septiembre de 2016, el expresidente Juan Manuel Santos admitió la responsabilidad del Estado por el exterminio de la Unión Patriótica, UP, en una asociación criminal con paramilitares y narcotraficantes.

En estas tres décadas que van de la matanza se han abierto 6.500 expedientes, pero solo 800 se han movido.

El sexto caso en la justicia especial

El caso 006, uno de los capítulos más vergonzosos de la historia del conflicto armado en el país, llegó a la JEP.  Ayer la Jurisdicción especial abrió el expediente para esclarecer los sucedido y responsabilizar a quienes hayan sido participe del genocidio del partido político la Unión Patriótica, UP.

Según informó la JEP, la decisión fue tomada con base en un informe de la Fiscalía y otros dos informes: “¡Venga esa mano país!”, de la Corporación Reiniciar, y Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”, del Centro de Memoria Histórica. 

 

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