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Exministras de Educación serían investigadas por el caso Unimetro

La Fiscalía, de acuerdo con un documento, libró una orden de policía judicial para establecer la ubicación de las exfuncionarias Yaneth Giha y María Victoria Angulo, tras ser requeridas por presunto tráfico de influencias.

En junio del año pasado, el ex senador Eduardo Pulgar fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, tras ser señalado de intentar sobornar a un juez para influir en el proceso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y que en el que supuestamente saliera favorecido el ex cónsul honorario de Polonia en Colombia, Luis Fernando Acosta Osío, en la pugna por el control del centro educativo.

En diciembre del año pasado, la Fiscalía desarchivó la investigación que se sigue contra el ex cónsul por el caso. En su momento, el ente acusador indicó que se expedirán órdenes de policía judicial para "eventualmente establecer diferencias entre los hechos objeto de la investigación que adelanta esta Fiscalía contra Luis Fernando Acosta Osío y otros eventos posteriores respecto de los cuales existen investigaciones".

Como se sabe, Acosta Osío fue señalado de incurrir en varias maniobras e irregularidades para quedarse con el control de la Unimetro. En medio de esas irregularidades fueron salpicadas las exministras de Educación Yaneth Giha y María Victoria Angulo.

En octubre de 2021, la entonces ministra Angulo declaró como testigo en el caso que se le seguía al exsenador Pulgar. La Corte revisó las reuniones que habrían aparentemente sostenido la exministra con Pulgar, teniendo en cuenta que existía un fallo de tutela que ordenaba el nombramiento de un nuevo rector en la universidad y los recursos que en su momento interpondría la cartera en contra de esa decisión.

Ahora, un documento que reveló La W señala que la Fiscalía libró una orden de Policía Judicial para establecer el arraigo y ubicación actual de las exministras, quienes serían investigadas por parte de la Fiscalía por tráfico de influencias de servidor público, según se lee en la orden emitida por el ente acusador. 

El delito, según el Código Penal, establece una pena mínima de 4 años y medio de prisión y una máxima de 12 años. 

Además de establecer la ubicación de las exministras, el fiscal delegado ante la Corte Suprema ordenó​ oficiar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República "para que acredite la calidad foral de la señora exministra María Victoria Angulo". 

Entretanto, también se lee que se debe "requerir a las contrapartes del señor Luis Fernando Acosta Ossío, los señores Carlos Jaller, Ivonne Acosta y Jorge Luis Hernández, para que entreguen copia de un documento enviado al Ministerio de Educación dentro del prolongado pleito por la Universidad Metropolitana". 

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