Tras las declaraciones del mandatario Gustavo Petro continúa la polémica en torno a la ‘vaca’ por las vías 4G para recaudar recursos por 1 billón de pesos con el fin culminar todos los proyectos en Antioquia.
Precisamente, sobre este caso el presidente de Intergremial Antioquia, Nicolás Posada, solicitó al jefe de Estado colombiano sostener diálogos en la ciudad de Medellín con el fin de aclarar dudas respecto a los proyectos que se realizan en esta zona del país.
El Comité Intergremial de Antioquia y sus 35 gremios afiliados rechazaron lo que consideraron 'ataques' y 'fake news' por parte del presidente contra el departamento.
'Rechazamos de manera contundente la desinformación y las declaraciones en contra de los antioqueños y de Antioquia por parte del Gobierno Nacional y del presidente Gustavo Petro', argumentó Posada, según recoge Caracol Radio.
Agregó: 'Más bien lo invitamos a que acá en Medellín dialoguemos con respeto y argumentos y resolvamos las necesidades que tiene nuestro departamento y que demuestre a toda Colombia que no tiene una animadversión con nuestro departamento'.
Petro cuestiona legalidad de 'vaca'
El presidente Gustavo Petro ha puesto en tela de juicio la legalidad de la iniciativa de 'vaca' promovida por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con el fin de financiar las obras de las vías 4G en el departamento.
A través de su cuenta oficial de X, el mandatario nacional señaló el artículo 316 del Código Penal, el cual prohíbe la captación masiva de dinero del público sin autorización previa de la autoridad competente. Este artículo estipula a duras penas que van desde 120 hasta 240 meses de prisión, así como multas de hasta 50.000 salarios mínimos legales vigentes para quienes promuevan o financien estas actividades sin el debido permiso.
Acompañada de la descripción 'Señor gobernador de Antioquia: cumplimos esta ley no', el jefe de Estado compartió la captura del artículo que cita: 'El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos (240) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes'.
