El defensor del pueblo, Julio Balanta, anunció que el ente del Ministerio Público hará seguimiento a la suspensión de los cortes de energía eléctrica en el Caribe.
Esto luego de que el Gobierno Nacional, entes departamentales y locales del Caribe y la empresa Air-e acordaran la suspensión de los cortes de energía entre agosto del 2024 y enero del 2025, particularmente en los barrios subnormales y de difícil gestión de municipios del Atlántico, Magdalena y La Guajira.
'Los cortes de hasta ocho horas diarias que venía haciendo el prestador del servicio de energía eléctrica vulneraban los derechos fundamentales de las comunidades, como a la vida por conexidad con la salud; por ejemplo, para los usuarios de establecimientos hospitalarios y clínicos y las personas electrodependientes en sus respectivas viviendas', indicó el funcionario.
Agregó en este punto que la anterior era una acción a todas luces inconstitucional, sobre todo porque tener acceso al servicio no es un privilegio, sino una condición, además, para el disfrute necesario de una serie de derechos a partir de la conservación de alimentos, la climatización de espacios, la iluminación, el acceso a la educación, entre otras actividades indispensables en el día a día.
En visita misional del defensor al departamento de La Guajira, las comunidades insistieron en manifestar sus inconformismos por las deficiencias en la prestación del servicio de energía eléctrica.
'La entidad espera que en el curso de los próximos meses la empresa Air-e y las autoridades del ramo logren establecer los mecanismos necesarios que permitan brindar soluciones estructurales, a fin de que garanticen un servicio adecuado a las necesidades de la población. Así mismo y dado que los cortes han desencadenado en protestas y bloqueos en vías, lo cual ha derivado en la exacerbación de la conflictividad social, como también ha afectado varios renglones de su vida a parte de la población en la zona norte del país, la Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la participación de gobernadores y alcaldes, a propender por soluciones efectivas y reales y hacer cumplir el régimen constitucional y legal en la prestación del servicio hecho por Air-e', añadió el defensor.
