Corte Suprema remitió proceso judicial de Musa Besaile a la JEP
Besaile Fayad es procesado por presuntamente pagar coimas de hasta 2.000 millones de pesos por entorpecer un proceso que se surtía en su contra por parapolítica.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la petición del exsenador Musa Besaile Fayad para que sea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la que estudie su proceso judicial por parapolítica.
El expediente fue enviado a la justicia transicional al considerar que los hechos por los que es acusado el exsenador ocurrieron en el marco del conflicto armado que aquejó al país durante un poco más de 50 años.
Besaile Fayad es requerido por las autoridades porque presuntamente pagó 2.000 millones de pesos para evitar que se conociera su proceso judicial por parapolítica. Según las investigaciones, el dinero fue entregado a los entonces magistrados de la Corte Suprema, quienes resultaron salpicados en el denominado ‘Cartel de la Toga’.
La Fiscalía, en su momento, aseguró que se creó una estructura criminal al interior de la Corte Suprema de Justicia en la que se pagaban cuantiosas sumas de dinero a cambio de favores judiciales. Allí resultaron vinculados los magistrados Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos, Gustavo Malo y el exfiscal de la Unidad Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.
Así las cosas, Besaile Fayad fue vinculado al proceso por haber cancelado el dinero mencionado, por lo que la Corte determinó llamarlo ante los tribunales por los delitos de cohecho y peculado por apropiación.
Bajo ese entendido, y con el aval de la Corte, se espera que la Justicia Especial sea la que determine sí el exsenador debe hacer parte de dicha jurisdicción.
Para esta determinación la JEP tiene un plazo de 45 días.
Pérdida de investidura
El procurador delegado ante el Consejo de Estado, Nicolás Yepes, solicitó al alto tribunal que se decrete la muerte política del exsenador Musa Besaile Fayad, por los hechos por los que se le investigan.
La solicitud la hizo el procurador en medio de la diligencia de pérdida de investidura que se realizó en el alto tribunal en la mañana de este miércoles de manera reservada, porque a juicio de las partes hay información que debe permanecer en cadena de custodia.
Así las cosas, para Yepes, es claro que dineros públicos que hacían parte del presupuesto del departamento de Córdoba, provenientes de los contratos de hemofilia, fueron utilizados en actos de corrupción en los cuales participó el entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, junto con Besaile Fayad.
“A través de esta actuación cuantiosos recursos provenientes del erario fueron entregados al abogado de confianza del senador, Luis Ignacio Lyons España, con el propósito de sobornar a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia para evitar la efectividad de una orden de captura en contra del senador”, dice la Procuraduría.
Para el ente de control, “su objetivo no fue otro que atentar contra la majestad de la justicia, conducta que resulta reprochable y seriamente cuestionada, en tanto resulta abiertamente contraria a los principios constitucionales y legales que deben primar en una sociedad justa en donde la garantía por el respeto a la administración de justicia debe ser el pilar principal en los procesos que se adelantan por hechos delictivos”.
Por su parte, Víctor Mosquera Marín, quien defiende los intereses del exsenador, expresó que su postura es que no procede la causal del Ministerio Público, debido a que no está comprobado que su defendido haya recibido dineros de la Gobernación de Córdoba. Añadió que Besaile no uso su condición de congresista para obtener beneficio propio o en favor de terceros.
