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Colombia

Corte Suprema envía investigación de Richard Aguilar a la Fiscalía

El máximo tribunal, no obstante, conserva la atribución del juzgamiento del exsenador por tratarse de hechos ocurridos cuando se desempeñó como gobernador.

​La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el proceso de investigación contra el exsenador Richard Aguilar sea seguido por la Fiscalía, pero el juzgamiento del proceso se quede en el alto tribunal.

Lo anterior tras la renuncia del exparlamentario de Cambio Radical a su curul ante su captura de hace un par de semanas por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros.

El juzgamiento, no obstante, se quedará en el alto tribunal porque aunque los hechos por los que investigan a Aguilar ocurrieron de 2014 a 2015, cuando fue gobernador de Santander, los gobernadores también son sujetos de investigación de la Fiscalía y de juzgamiento de la Corte Suprema.

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La plenaria del Senado aceptó el pasado 10 de agosto, por decisión unánime, la renuncia de Aguilar: “hoy con inmenso dolor me despido de este cargo para concentrarme en mi defensa y demostrar mi inocencia, porque se lo debo a cada uno de los colombianos que creyeron en mí, que he representado y por quienes he trabajado incansablemente durante el ejercicio de mi vida pública”.

La mesa directiva del Senado de la República analizar la providencia del máximo tribunal de la justicia ordinaria para decidir si en este caso se debe aplicar la figura de la 'silla vacía' como un castigo al Partido Cambio Radical para que no pueda reemplazar al legislador santandereano.

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El pasado 27 de julio fue detenido el exlegislador en desarrollo de la investigación por supuestas irregularidades en varios contratos suscritos "en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado –para sí y para otros– de dineros públicos".

Las presuntas irregularidades tienen que ver con contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014), así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca (2014).

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