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El mindefensa Carlos H. Trujillo acompañado de altos mandos militares y de policía en la Escuela Superior de Guerra.
Colombia

Comando contra narcotráfico: respuesta del Gobierno a masacres

En rueda de prensa, el ministro de Defensa anunció que preparan el regreso de la aspersión con glifosato para combatirlo.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció este lunes la creación del Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales del Ejército.

La idea, explicó, es combatir el narcotráfico que, según el Gobierno, es el principal combustible de los homicidios colectivos, como denominan desde el Ejecutivo las masacres de las últimas semanas.

“Nos duele a todos, pero es la realidad. Los homicidios colectivos no son algo nuevo en el país, se vienen presentando desde hace mucho años. No es cierto que se han reactivado con la administración Duque. Los homicidios colectivos tienen un denominador común: el narcotráfico”, dijo.

Aseguró, además, que suspender la aspersión aérea con glifosato, suspendida hace cinco años, fue un “gravísimo error”, y frente a la posibilidad de reanudarla dijo que la Policía está lista operacionalmente, pero advirtió que hay que cumplir los requisitos impuestos por la Corte Constitucional en materia de verificación de no afectación de la salud y el medio ambiente, entre otros.

“Suspender la aspersión fue un gravísimo error, un grave error que llevó al crecimiento inusitado de cultivos ilícitos, crecimiento inusitado que se convirtió desde entonces en la principal fuente de financiación de los grupos criminales que están ahora involucrados en los homicidios colectivos”, apostilló Trujillo.

Colombia ha sido estremecida en las últimas semanas por matanzas perpetradas por desconocidos en varias regiones del país, zonas en donde operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y otros grupos armados organizados que buscan controlar todos los eslabones del narcotráfico.

La de Venecia es la cuarta masacre ocurrida en las últimas 48 horas en el país y la séptima en las últimas dos semanas que se han cobrado la vida de 33 personas.

Asunto de seguridad nacional

Según Trujillo, el Gobierno considera “reiniciar el programa de aspersión que es fundamental” en la lucha contra el narcotráfico porque “se trata de un asunto de seguridad nacional”.

El ministro aseguró que lo que falta para cumplir con las exigencias de la Corte es una audiencia pública ambiental que se realizará el próximo 1 de septiembre y recalcó que “el mayor enemigo de la paz es el narcotráfico”.

El Gobierno colombiano defiende el regreso a las aspersiones aéreas con el potente herbicida glifosato como respuesta al crecimiento de los cultivos lícitos que en 2019 alcanzaron las 154.000 hectáreas sembradas de coca.

Esa cifra fue de tan solo 15.000 hectáreas menos que el récord de 169.000 hectáreas medido en 2018, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, sigla en inglés).

“La aspersión aérea ya está probada. La aspersión aérea mostró sus aspectos positivos, mostró su eficacia”, añadió el ministro y subrayó que ese método “es hoy más necesario que nunca para continuar con la disminución de los cultivos ilícitos” de coca.

Entre los argumentos expuestos por Trujillo está que con la aspersión aérea se pueden erradicar diariamente entre 400 y 600 hectáreas de cultivos de coca y que además “genera más condiciones de seguridad para la fuerza pública y los erradicadores”, con frecuencia atacados cuando hacen ese trabajo.

Víctimas rechazan estigmatización

En desarrollo del debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos del Senado por las masacres que han enlutado el país en las últimas dos semanas, las víctimas de estos episodios pidieron a las autoridades no estigmatizar a sus familiares asesinados y exigieron justicia y claridad sobre los responsables de los crímenes.

Erlendy Cuero Bravo, Alvaro José Caicedo, Ruby Cortés y Nancy Quiñónez, padres de algunos de los cinco menores de edad masacrados el 11 de agosto en Llano Verde, Cali, reclamaron del Gobierno mayor atención a la situación en ese deprimido sector de la capital del Valle del Cauca, donde aseguran que este no es el primer caso de jóvenes asesinados, ni “será el último” si no quitan el cañadulzal donde fueron hallados los cuerpos, afirman. Y piden que allí se construya un centro multipropósito para mejorar las condiciones de vida de la comunidad y ofrecer un espacio adecuado para la formación y recreación de los niños y muchachos del barrio.

“Les quitaron sus sueños, eran unos niños inocentes, simplemente no tenían para donde irse a divertir. Que ese cañalduzal desaparezca, a nosotros nos mandaron a un cementerio, eso es un cementerio de vivos, porque no son los primeros que masacran”, expresó entre lágrimas Ruby Cortés, al tiempo que dijo que la comunidad se siente sola y expuesta por decir la verdad.

A su clamor se unió Nancy Quiñónez, quien suplicó por el acompañamiento del Gobierno y de las autoridades para evitar que haya repetición de estos hechos: “Nos están dejando muy solos. No nos dejen solos, pongánse en nuestros lugares, no queremos que otras madres pasen por esto”.

Dijeron las familias de los menores masacrados en Cali, que en Llano Verde tienen más de 200 jóvenes asesinados. “No nos han prestado atención. Nos están acabando nuestra niñez, nos están asesinando”, cuestionó la líder  Erlendy Cuero, quien además reclamó inversión social para la zona y lamentó la estigmatización por las masacres. “Eran niños que estudiaban, que practicaban deportes, que bailaban, no eran unos delincuentes para que los tuvieran que matar, tuvieron que ir a un cañadulzal para buscar agua para bañarse porque ni eso tenemos”.

Alvaro Caicedo indicó que no han tenido la respuesta que esperan del Gobierno y pidió al fiscal general de la Nación, asistente al debate de control político, hacerse cargo de la investigación  para que no quede impune y que se les dé claridad sobre cómo avanzan las investigaciones. “Queremos que haya una promesa de no repetición. No quiero que otros padres y otras madres tengan que pasar por esto que estamos pasando. Pedimos justicia, porque tiene que haber justicia por parte del Gobierno”.

En representación de los 8 jóvenes asesinados en Samaniego intervino Carlos Andrés Betancur, primo de Oscar Andrés Obando Betancur, quien destacó que las víctimas de este acto criminal ocurrido el 15 de agosto eran sus grandes amigos con quienes compartió en el colegio y en practicas deportivas. Pidió dejar claro que lo ocurrido en el municipio nariñense “no fue un ajuste de cuentas” por tráfico de drogas.

“Hago un llamado al Gobierno nacional para que cambie la perspectiva de la guerra, necesitamos paz en nuestro municipio”, manifestó Betancur.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró en el debate de control político ante la Comisión de Derechos Humanos que tienen equipos destinados en cada uno de los sitios donde se han presentado las masacres para esclarecer todos estos hechos y ratificó el compromiso del ente investigador para encontrar las causas y los responsables.

“Lo nuestro no van a ser manifestaciones publicas, sino un trabajo técnico para dar resultados”, enfatizó Barbosa, quien anunció que estará el viernes en Cali liderando el equipo de investigación por la masacre de los cinco adolescentes en Llano Verde. 

Condiciones de la Corte para el uso de glifosato

En 2014 una sentencia de la Corte Constitucional colombiana ordenó la suspensión de las aspersiones aéreas luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyera al glifosato entre los plaguicidas que pueden causar cáncer en humanos.

A mediados de 2015, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) acató la sentencia del alto tribunal que dos años después emitió un nuevo fallo en el que estableció que sería posible reanudar las aspersiones aéreas si una investigación científica, de forma “objetiva y concluyente, demuestra la ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”.

La Corte Constitucional puso además seis requisitos que el Gobierno debe cumplir para reanudar las aspersiones y en esas condiciones trabajan las autoridades para volver a dicha práctica en una fecha aún indefinida.

Nueva masacre deja tres jóvenes muertos en Venecia, Antioquia

La Gobernación de Antioquia informó del registro de una nueva masacre en el país: tres jóvenes de 15, 18 y 19 años fueron asesinados en la tarde del domingo en medio de un ataque sicarial en la localidad de Venecia, situado a unos 58 kilómetros al suroeste de Medellín, capital paisa.

“Luto en Antioquia. Hoy la violencia nos arrebata la vida de tres jóvenes, en Venecia. Desde nuestra Secretaría de @GobiernoAnt estamos al frente de la situación, en equipo con todas las fuerzas del Estado. Invitamos a unirnos como sociedad en torno al respeto de la vida”, informó el despacho departamental a través de su cuenta de Twitter.

A su vez, el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez Vélez, ‘trinó’: “Repudio total genera el triple homicidio ocurrido esta tarde en el municipio de Venecia. Avanzamos unidos con autoridades locales y organismos de seguridad y justicia para dar pronto con los responsables. No vamos a dejar que ganen los violentos. La vida es sagrada”.

El hecho se registró en el barrio Los Álamos, donde hombres armados abrieron fuego contra quienes estaban en una casa a la entrada del barrio, dejando a los tres jóvenes muertos y uno más herido, al parecer en medio de disputas por microtráfico.

El mandatario departamental anunció una recompensa de $20 millones por información para dar con los responsables del ataque criminal.

Entre tanto, el presidente Iván Duque se comunicó con el alcalde y dispusieron la ubicación de más cámaras de seguridad en la localidad.

La hipótesis que manejan las autoridades es que se trata de una pugna de estructuras criminales por el control y la venta de psicoactivos en esa zona de Antioquia.

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