Avalancha de proyectos contra la violencia infantil

Tras conocerse del atroz caso de tortura, violación y asesinato de Yuliana Samboní, en la capital del país, se volvió a plantear desde el Senado la imposición de la cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños, así como medidas más drásticas como la castración química.

Este martes, en la secretaría de Senado y Cámara hubo una avalancha de proyectos de ley inusitado para un momento del año en que las sesiones ordinarias del Congreso están a menos de una semana de terminar. 

Fueron cuatro proyectos, dos leyes y dos reformas constitucionales, encaminados a endurecer las sanciones frente a los agresores de niños. 

‘Castración Química’

Uno tiene que ver con la polémica “castración química” y fue presentado por la senadora del Partido de La U Maritza Martínez. 

Esta iniciativa busca que a los violadores de menores de 14 años se le aplique una sanción “por el doble de tiempo de la pena de prisión” de “inhibición hormonal del deseo sexual”, mejor conocida como castración química. 

Para este tipo de delitos las penas de prisión van desde los 12 y 20 años, por lo tanto la ‘castración química’ según el proyecto presentado por Martínez se aplicaría de 24 a 40 años.

Esta idea no es nueva y ya ha sido discutida en el Congreso gracias a una iniciativa del senador Roy Barreras que se hundió en 2012. 

El proceso de la ‘castración química’ implica el uso de medicamentos destinados a reducir la libido y el apetito sexual, y busca disminuir la reincidencia de los condenados por violación.

Este método es actualmente aplicado en nueve estados de Estados Unidos, incluidos California y Florida, y en países como Indonesia, Polonia, Rusia, Estonia, Moldavia y Corea del Sur. 

En Argentina y Perú también se está estudiando la aplicación de este tipo de sanciones. 

‘Fast track’ para menores

Presentado por el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, este proyecto pretende disminuir el tiempo de los procesos judiciales que se abran por delitos contra la infancia. 

Básicamente el proyecto busca que la etapa de investigación en los procesos por delitos contra menores no pase de seis meses y que la etapa de juzgamiento no pase de 90 días más. Es decir, según palabras de su autor, “que en los casos que tengan que ver con niños tengan prioridad y sean resueltos por la justicia más rápidamente”. 

Esta propuesta también contempla sanciones para los “operadores judiciales que no cumplan estos tiempos precisos”.

Cadena Perpetua

El martes fueron radicadas dos iniciativas que buscan modificar el artículo 34 de la Constitución colombiana que expresamente prohíbe la cadena perpetua, uno presentado por segunda vez por el representante de La U Efraín Torres y otro impulsado por un grupo de senadores del mismo partido. 

Esta iniciativa ha sido presentada en distintas ocasiones en el Congreso, e incluso impulsó un intento de referendo liderado por la excongresista Gilma Jiménez, sin embargo, la polémica reforma nunca ha logrado los consensos suficientes para ser aprobada. 

A pesar de los réditos políticos y mediáticos que la defensa de los niños a través del incremento de la pena puede tener, el impacto de este tipo de medidas en la reducción de los crímenes contra la niñez es muy poco y por lo tanto expertos como el docente de la Universidad Nacional Estanislao Escalante afirman que estas condenas no solucionan el problema. 

“Cada vez que ocurre este tipo de hechos en Colombia, los medios de comunicación y los representantes políticos hablan del endurecimiento de penas, pero se trata de medidas populistas que no solucionan de fondo el problema en el país”, aseguró.

Para el experto, las penas en Colombia son lo suficientemente altas y en muchos casos, como el de Rafael Uribe Noguera, la suma de todos los agravantes se equipara con una cadena perpetua. 

“Lo que ocurre es que en Colombia no hay una estructura de educación correcta para evitar que estos casos sigan ocurriendo y por eso optan por hacer que el aparato punitivo sea el que se encargue de los castigos”, afirmó.