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Administradoras de Riesgos Laborales públicas aportarán recursos para afrontar emergencia por COVID–19

El 5% del total de la cotización se destinará para realizar actividades de promoción y prevención dirigidas a los trabajadores de las empresas afiliadas para la compra de elementos de protección personal.

A través del Decreto 500 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional determinó que mientras continúe la Emergencia Económica, Social y Ecológica por el COVID – 19 en el país, las Administradoras de Riesgos Laborales (ARP) de carácter público destinarán un porcentaje de los recursos de las cotizaciones para apoyar dicha eventualidad.

La distribución de los recursos está contemplada de la siguiente manera:

El 5 por ciento del total de la cotización se destinará para realizar actividades de promoción y prevención dirigidas a los trabajadores de las empresas afiliadas para la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes preventivos y diagnósticos.

Dicha población incluye a trabajadores de la salud (asistenciales, administrativos y de apoyo), personal de aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud.

También se incluyen trabajadores de terminales de transporte aéreo, marítimo y terrestre, control fronterizo, cuerpo de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.

De igual forma, del 92 por ciento de las cotizaciones que reciban las ARL por lo menos el 10 por ciento se deben destinar a campañas de promoción, educación y prevención, que garanticen que las empresas afiliadas cumplan con el desarrollo del nivel básico del plan de trabajo anual en su programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Además, un 1 por ciento se destinará al Fondo de Riesgos Laborales y otro 2 por ciento a actividades de emergencia e intervención y para la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes preventivos y diagnóstico, dirigidos, como ya se mencionó, a trabajadores de la salud (asistenciales, administrativos y de apoyo), personal de aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud, así como al personal de terminales de transporte aéreo, marítimo y terrestre, control fronterizo, cuerpo de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.

Finalmente, el Decreto precisa que las ARL de carácter público deberán presentar en noviembre de este año un informe detallado a la Superintendencia Financiera sobre la destinación de dichos recursos.

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