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La firma de la Constitución el 4 de julio de 1991, con la presencia del expresidente César Gaviria.
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30 años de la elección de los 70 constituyentes

Tres de los 12 exconstituyentes costeños recuerdan en EL HERALDO cómo fue el proceso que llevó a la Constitución de 1991.

Hace 30 años, el 9 de diciembre  de 1990, fueron convocadas las elecciones de los 70 delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, más cuatro constituyentes con voz, pero sin voto de los grupos armados que negociaban la paz con el Gobierno: EPL, Quintín Lame y PRT.

La idea, que era remozar la centenaria Constitución de 1886, la propuso el entonces presidente liberal Virgilio Barco en 1988 y logró un acuerdo con los opositores conservadores, encabezados por el expresidente Misael Pastrana, al mismo tiempo que el movimiento estudiantil ‘Todavía podemos salvar a Colombia’ planteaba la Séptima Papeleta para impulsar la consulta popular  en las parlamentarias de marzo de 1990.

En la asamblea, instalada el 5 de febrero de 1991 y que suscribió la Carta Política el 4 de julio de ese mismo año, tuvieron representación los liberales, los conservadores, el M-19 y los disidentes conservadores del Movimiento de Salvación Nacional, MSN. Sus presidentes, por acuerdos, fueron Horacio Serpa, Antonio Navarro Wolf y Álvaro Gómez. Misael Pastrana renunció al organismo.

Los 12 costeños

Entre los redactores de la Constitución de 1991, una de las más celebradas por juristas y constitucionalistas nacionales e internacionales, había 12 costeños:

Eduardo Verano de la Rosa, liberal, administrador de empresas, especialista en desarrollo regional, exministro de Ambiente y exgobernador del Atlántico.

Hernando Herrera, liberal, abogado, exsecretario privado del Ministerio de Justicia, exviceministro de Comunicaciones y exconjuez del Consejo de Estado.

Jesús Pérez González-Rubio, liberal, abogado, profesor de derecho constitucional.

Julio Salgado Vásquez, liberal, exmagistrado de la Corte Suprema, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, cofundador de la Universidad Autónoma del Caribe y profesor de derecho constitucional.

Juan B. Fernández Renowitzki, liberal, abogado, exmagistrado del Tribunal Superior del Atlántico, exalcalde de Barranquilla, exministro de Minas y Comunicaciones, exembajador en Chile y fundador y exdirector de EL HERALDO.

Eduardo Espinosa Faciolince, liberal, médico, exviceministro de Salud, exdirector del Sena en Bolívar, exvicepresidente de la OMS y exrector del Instituto Piaget.

Guillermo Guerrero Figueroa, liberal, abogado laboralista, escritor, profesor emérito de la Universidad de Cartagena.

Héctor Pineda, M-19, arquitecto de la Universidad del Atlántico, vocero de los diálogos de paz, columnista y consultor del Pnud.

Orlando Fals Borda, M-19, historiador, sociólogo, escritor, fundador del departamento de sociología e investigador del Instituto de Estudios políticos de la Universidad Nacional.

Raimundo Emiliani, MSN, abogado, profesor universitario, exministro de Trabajo y Justicia, diplomático y escritor.

Carlos Abello Roca, MSN, abogado, experto en derecho laboral, profesor universitario, expresidentente de la Cámara, columnista de EL HERALDO y fundador de la Facultad de Derecho de la Universidad del Norte.

Carlos Rodado Noriega, conservador, ingeniero civil, doctor en economía, exvicepresidente de la Cámara, exministro de Minas, expresidente de Ecopetrol y exgobernador del Atlántico.

Logros y errores

El constitucionalista Juan Manuel Charry le dijo a EL HERALDO que la Constitución de 1991, aparte de resolver la coyuntura del narcotráfico, prohibiendo la extradición, “coloca a la persona humana como el centro de reflexión de la Constitución, eleva los derechos fundamentales a un rango superior dentro del orden constitucional, crea un procedimiento de defensa como es la acción de tutela junto con otras para otro derechos como las acciones populares”.

Y critica el catedrático del Rosario “el diseño de la estructura del Estado, una rama judicial hipertrofiada, un sistema político que se fraccionó muchísimo y que se ha reformado varias veces sin encontrar su punto y un Estado con muchas autoridades”.

Para el constitucionalista Eduardo Palencia, “se amplifica el acápite de derechos fundamentales, la acción de tutela es el mecanismo de defensa más importante que ha tenido el ciudadano en Colombia y el surgimiento de la Corte Constitucional a mi juicio refunda el derecho en el país y hace que se cambien consideraciones legalistas en Colombia”.

El profesor de la Universidad Simón Bolívar señala en este diario como punto negativo “la intención de que se ampliara la democracia participativa y directa, en donde el poder local cobra mayor protagonismo y eso lo que hizo fue que los caciques locales tuvieran mayor poder y eso generó clientelismo y coacción”.

Y entre los pendientes, dice, están “el estatuto de la oposición desde el punto de vista político se tiene que fortalecer” y “también la participación del Estado (...) en proporcionar los medios necesarios para que en nuestro país se vaya cerrando la brecha social”.

Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández pone de presente en este periódico que “el proceso jurídico-político que tuvo lugar en el 90, resultó trascendental para la expedición de la Constitución del 91. La propuesta inicial no apuntaba a derogar la Constitución de 1886 sino simplemente a reformarla. Gaviria asumió como propio el propósito de Barco de modificarla. Se habló entonces de una asamblea constitucional, pero la Corte Suprema consideró que era inconstitucional fijar límites y pasó a establecerse una nueva Constitución”.

¿Autonomía regional en el Caribe?

El exconstituyente Eduardo Verano de la Rosa le dijo a EL HERALDO que tras la Constituyente del 91 “falta el desarrollo territorial, que fue acordado en la Constitución y hay que continuar en la lucha”.

Para ello, recordó el exgobernador, “los constituyentes del Caribe nos reunimos en Cartagena un mes antes, para llegar a unos acuerdos de cuáles serían las metas de los costeños. Entonces consideramos que teníamos que buscar mayores recursos y una institucionalidad regional mas sólida y lo cumplimos”.

Sin embargo, advierte que “el país sigue siendo un país muy desigual y una muy alta concentración de los ingresos están en la Nación y hay muy poca participación de las entidades territoriales para una mayor injerencia en el manejo de los recursos”.

Por su parte, el exconstituyente Carlos Rodado Noriega, en diálogo con este diario, reiteró que los constituyentes costeños “actuamos en bloque y siempre estuvimos apuntándole a cerrar las brechas profundas que hay entre regiones”.

Indicó el exministro que “la Nación tradicionalmente ha venido usufructuando los tres impuestos más importantes, los más elásticos, los que más rinden: el de la renta, el IVA y el de comercio exterior, y a los departamentos les han dejado impuestos de difícil cobro, como las loterías, el cigarrillo, los vicios, y a los municipios el catastro y el predial, que rinden mucho en las grandes ciudades.

De manera que los departamentos y municipios están deficientes para atender las importantes responsabilidades de agua potable, saneamiento básico, educación y salud. Y como el Gobierno se opuso a mi propuesta de pasar el IVA a los entes territoriales, planteé el Sistema General de Participaciones, porque había una cosa que se llamaba peyorativamente como la transferencia, como si fueran dádivas, y realmente el ingreso público nacional se genera con los impuestos en la tienda, en la esquina, es el contribuyente, así que el país entero concurre a la contribución de este impuesto”.

El movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, preámbulo de la asamblea.
La mirada en retrospectiva desde el M-19

El exconstituyente Héctor Pineda rememoró en EL HERALDO que “en aquellos tiempos una elección después de ‘velitas’ era algo muy lleno de incertidumbre, sobre todo en el Caribe, entonces nos asaltaba la duda de si la gente saldría a votar para elegir a un grupo de hombres y mujeres para elaborar una nueva Carta Política”.

Agrega el exguerrillero que ese proceso “fue empañado por la orden que dio el Gobierno para que en el mismo momento en que se votaba se atacara el campamento de las entonces Farc allá en Casa Verde. Fue un hecho de guerra en una apertura de la paz, porque el escenario constituyente era un escenario para elaborar un nuevo pacto de paz”.

A su vez, su colega y copartidario en la asamblea, Antonio Navarro Wolf, dijo a este medio que de la Constituyente “el principal avance constitucional está resumido en el artículo 1 cuando establece que Colombia es un ‘Estado social de derecho’. Esa definición de ‘social’ se desarrolla en una completa carta de derechos con la tutela como la reina de la nueva Constitución. Hasta hoy se han tramitado más de 9 millones de tutelas, la mayoría sobre el derecho a la salud”.

Y reconoce como asuntos en mora que “la descentralización es una asignatura pendiente”, agregando que “donde no se consiguieron resultados fue en la búsqueda de mejorar la calidad de la política. Sigue siendo tan mala como lo era antes de 1991”.

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