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El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, se pronunció de manera detallada este lunes frente a la controversia que rodea su designación, explicando la naturaleza de los contactos que sostuvo en el pasado con alias Calarcá, líder de las disidencias de las Farc.

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En medio de una rueda de prensa, ante varios medios nacionales de comunicación, Mejía fue enfático en señalar que estos acercamientos no obedecen a vínculos criminales, sino al ejercicio de sus funciones profesionales en diversas regiones del país, al tiempo que entregó un balance sobre el estado de los procesos que adelantan los organismos de control e investigación.

Inicialmente, el funcionario aclaró que los encuentros con actores al margen de la ley se dieron en el marco de sus roles previos como periodista de medios alternativos y asesor en la formulación de planes, programas y proyectos en zonas de alta conflictividad. Según Mejía, el trabajo de campo en regiones con fuerte presencia de grupos armados impone dinámicas complejas a quienes ejercen labores sociales o profesionales en esos puntos geográficos.

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“Bueno, siempre he dicho que no he tenido relación con ninguna estructura armada ilegal en el país, sea disidencia o Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia o con estructuras delincuenciales en las ciudades del país”, afirmó de manera tajante el director de la UIAF.

Mejía precisó que estas interacciones se registraron principalmente en departamentos como Cauca, Antioquia y el noroccidente antioqueño. Explicó que dichos acercamientos ocurrieron en múltiples momentos y bajo distintas circunstancias, algunas de ellas tranquilas y otras complejas, debido a las particularidades propias de los territorios controlados por organizaciones ilegales.

La Procuraduría General de la Nación mantiene levantada la suspensión de William Mejía mientras define el caso

Respecto a las acciones de los órganos de control, el director de la UIAF se refirió en primera instancia al proceso que adelanta la Procuraduría General de la Nación. El organismo disciplinario había iniciado una investigación preliminar el 27 de noviembre de 2025, la cual incluyó inicialmente una medida cautelar de suspensión por tres meses de su cargo anterior como director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

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Aunque las indagaciones correspondientes gozan de reserva legal, Mejía reveló que la entidad debe resolver en los próximos días si archiva el caso o si abre una investigación formal.

Por el momento, manifestó, el panorama institucional le favorece de manera provisional, ya que la decisión del Ministerio Público ha sido mantener levantada la suspensión a la espera de la determinación definitiva.

Los análisis de los dispositivos tecnológicos incautados no vinculan al director de la UIAF con actividades ilícitas

El origen del cuestionamiento mediático y judicial se remonta a un operativo militar y policial desarrollado en Antioquia, donde se logró la captura de varios disidentes —algunos con estatus de gestores de paz y otros sin él— y se incautaron armas, dinero en efectivo y equipos tecnológicos, tales como computadores, memorias USB y teléfonos celulares.

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El funcionario advirtió sobre presuntas irregularidades en el manejo de la cadena de custodia de estos elementos tras el operativo, señalando la existencia de copias espejo de la información que terminaron en manos de la Policía Nacional y la inteligencia del Ejército, una práctica que recordó que está prohibida por la ley colombiana. Añadió que los datos han sido solicitados formalmente por varias instituciones del Estado cuando la información ya se había filtrado.

De acuerdo con las declaraciones del director de la UIAF, la información contenida en esos dispositivos ya es de conocimiento de al menos dos periodistas. Una de las reporteras que revisó el contenido de 72 dispositivos de almacenamiento le confirmó que no halló registros que lo vincularan directamente.

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Al respecto, detalló que en los archivos aparecen menciones a personas con nombres similares, pero en contextos completamente ajenos a su realidad: uno localizado en el Catatumbo que coordinaba la entrega de aves de corral y otro ubicado en una zona distinta.

Mejía concluyó manifestando que la Fiscalía General de la Nación será la encargada de esclarecer estas identidades y que asumirá su defensa legal si el ente acusador decide abrir una investigación formal en su contra, reiterando que se encuentra tranquilo respecto a cada una de sus actuaciones.