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La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció en la madrugada de este miércoles que realizará un cese al fuego unilateral por la jornada de elecciones presidenciales, que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.

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A través de un comunicado, el grupo armado ilegal señaló que “respeta el libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral“.

“Ha quedado claro, una vez más, que el ELN no tiene como política amenazar ni atentar contra candidatos. La Dirección Nacional del ELN orienta a toda su fuerza combatiente a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado”, se lee en la comunicación.

Seguidamente, informó que el cese al fuego iniciará a las 00:00 horas del 30 de mayo y finalizará a las 00:00 horas del 2 de junio próximo.

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La guerrilla también se pronunció en el comunicado sobre la operación que las Fuerzas Militares ejecutaron el pasado 9 de mayo en Tibú, Norte de Santander.

“Los bombardeos cayeron en el vacío y por tanto no tuvimos ni muertos ni heridos que lamentar”, indicó el grupo al margen de la ley.

Esto contradice la información que entregó la fuerza pública sobre la ofensiva. Según las FF. MM., la operación logró desarticular un núcleo de seguridad del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, con un saldo de al menos siete guerrilleros muertos.

ELN liberó a siete personas

El anuncio del cese al fuego se da un día después de que el ELN dejara en libertad a siete personas, entre ellas una ciudadana venezolana, que tenía secuestradas en el departamento de Arauca.

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Estas personas, según la guerrilla, habían sido “retenidas por unidades de vigilancia y control del Frente de Guerra Oriental” porque estaban haciendo “actividades de inteligencia” para el Ejército y las disidencias de las antiguas FARC.

Las personas que el ELN entregó a una comisión humanitaria son los colombianos José Alejandro Ávila Márquez, Noranur Cepeda Gélvez, Yeimi Tatiana Arias, Yudar Daniela Velasco Cepeda, Ifrael García Ovallos y Mario Alejandro Guerrero Ravelo, así como la venezolana Glori Yarelis Franco Quintero.

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En el grupo de siete liberados no están los dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General ni dos miembros de la Policía a los que ese grupo armado sometió este mes a un “juicio revolucionario”, en el que los “condenó” a penas de hasta cinco años de cárcel.