A solo quince días de que se cumpla la primera vuelta para elegir al próximo presidente de Colombia el Gobierno se atrinchera y endurece su frente de batalla contra todo y todos aquellos que se crucen en su camino y le pongan freno a la que ya se ha vuelto prácticamente una costumbre de gobernar vía decreto intentando imponer sus reformas sociales, sin que medie la aprobación del Congreso de la República y aun por encima del control constitucional y administrativo de la Rama Judicial, a la que el jefe de Estado le ha declarado una guerra pública.
La santa ira del mandatario colombiano se desató con la decisión del Consejo de Estado de frenar el traslado de 5 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones, luego de que ya se hubiera producido la suspensión provisional también del traslado de $20 billones correspondientes a los afiliados que aprovecharon la ventana de traslado –único artículo vigente de la reforma pensional aprobada en el Congreso y sancionada por la Presidencia–, pero que aún no completan los requisitos para acceder a la pensión.
En el decreto reglamentario de la reforma, el 415 de 2026 y expedido posteriormente por el Gobierno, según la decisión del alto tribunal, el Ejecutivo fue más allá de su potestad para reglamentar normas legislativas y modificó una condición consignada de forma expresa en la ley de reforma pensional: la plata de quienes se trasladaron del régimen de ahorro individual al de prima media debía seguir siendo administrada por las AFP “hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior”.
En la noche de este miércoles, durante el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro anunció que “impartirá” nuevos decretos y resoluciones ante la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto expedido por el Gobierno nacional para reglamentar el traslado de los $5 billones de Colfondos, Protección, Porvenir y Skandia hacia Colpensiones.
Según el mandatario, con esta decisión del alto tribunal “se está vulnerando la Constitución de Colombia y se está vulnerando el mandato del pueblo colombiano”.
“Entonces, en esa medida, voy a impartir nuevos decretos y resoluciones en virtud de esta función constitucional para defender el ahorro del público, tanto en EPS, que son aseguradoras y reciben cotizaciones del público, que ahora son trabajadores (...) y en relación a los fondos privados de pensiones”, sostuvo Petro.
Las tres acciones
El presidente Petro indicó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia que identifique y denuncie a los funcionarios públicos de las tres ramas del poder que hayan violado el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. De esta manera, se autoriza a que hasta el próximo 16 de julio los trabajadores que estén a 10 años o menos de pensionarse tienen plazo para trasladarse libremente de fondo.
Además, ordenó a la Superintendencia abrir una investigación contra los fondos privados que se nieguen a devolver los ahorros.
“La Superintendencia Financiera está adscrita a su ministerio y empieza a tomar las medidas. Estoy bajo mis competencias”, aseguró.
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En su intervención, el presidente manifestó que se tomarán acciones legales y administrativas contra los propietarios de los fondos si no devuelven los ahorros.
“Si no devuelven como ordena la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia los ahorros que toda su vida trabajadores y trabajadoras colocaron con confianza en sus fondos privados, entonces hay que proceder penalmente y administrativamente”, sostuvo Petro.
Investigación
De inmediato, la Superintendencia Financiera de Colombia confirmó la investigación contra los fondos privados.
“La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) inició hoy ( jueves) investigaciones sobre el traslado de los recursos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) a Colpensiones correspondientes a los afiliados que aplicaron la oportunidad de traslado del régimen privado al de prima media y que ya consolidaron su derecho pensional”, se lee en el comunicado.
La entidad señaló que, a la fecha, el monto total de estos recursos asciende a $8,7 billones y corresponden a 32.803 afiliados que ya consolidaron su derecho pensional, de los cuales 24.331 están recibiendo su mesada por parte de Colpensiones.
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“Como se sabe, el Decreto 415 de 2026 estableció condiciones y plazos para el traslado de estos recursos. No obstante, dicha norma se encuentra suspendida por los autos del 28 de abril y del 11 de mayo de 2026, proferidos por el Consejo de Estado”, explicó la Superfinanciera.
Asimismo, manifestó que las investigaciones permitirán tomar las decisiones que legalmente correspondan para proteger los derechos de los consumidores financieros y velar por la estabilidad del sistema financiero del país.
“Para quedarse en el poder”
En medio del consejo de ministros, el presidente Petro también tuvo chance de pedir, a través de su cuenta de X, a los candidatos Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia retirar sus demandas sobre el sistema pensional, “porque lo único que han logrado es una transferencia ilegal de recursos de los ahorradores/trabajadores hacia los dueños de las administradoras de fondos privados de pensión, que son los dueños de los bancos más grandes del país”.
A lo que ‘el Tigre’ De la Espriella respondió por la misma red social: “Petro, tú y tu ministro impresentable se quieren robar otros $25 billones del ahorro pensional para destinarlo a tus deseos de perpetuidad en el poder. Deja de llorar que la justicia, la institucionalidad, el Consejo de Estado, la Constitución y la ley son las armas con las que los ciudadanos podemos atajar a atarbanes dictatoriales como tú. Al menos, ese torcido lo estamos frenando y, obvio, no voy a renunciar a defender la plata del pueblo que ustedes se están robando”, fustigó el aspirante presidencial.
En tanto, su fórmula vicepresidencial, académico y ex ministro de Hacienda y Comercio, José Manuel Restrepo, le ripostó al mandatario que el país merece “precisión técnica y no miedo político”. Agregó que las pensiones actuales no quedaron en riesgo con la medida cautelar del Consejo de Estado, pues explica que Colpensiones sigue recibiendo cotizaciones mensuales de millones de trabajadores activos y el pago de mesadas está respaldado principalmente por flujo corriente y por transferencias del Presupuesto General de la Nación, que en 2026 superan los $70 billones.
“El verdadero debate es otro, el intento de trasladar masivamente recursos administrados por los fondos privados hacia el Estado sin que existiera claridad plena sobre sostenibilidad fiscal, capacidad operativa y seguridad jurídica. Dicho de otro modo apropiarse de la plata de los ahorradores pensionales para el derroche de su gobierno !!”.
Y remató diciendo que demandar un decreto no es atacar trabajadores. “Es ejercer controles constitucionales sobre decisiones que comprometen billones de pesos públicos y privados. El Estado de Derecho existe precisamente para eso”.
Presidente se ampara en la Constitución del 91 para seguir con las ZUT
“La constituyente que proponemos es para ampliar la Constitución del 91 y no para derogarla. Que se amplíe con un capítulo que sean las reformas sociales y las leyes que durante 34 años el Congreso de Colombia no ha querido discutir ni aprobar”. De esta manera el jefe de Estado insistió en una asamblea constituyente.
Apeló, sin embargo, a la Constitución del 91 para argumentar que “la dirección de la política de paz corresponde de manera exclusiva al presidente”, y por ello confirmó, en su intervención en el consejo de ministros, la autorización para que integrantes de cuatro estructuras armadas ilegales, entre ellas el Clan del Golfo, sean trasladados a cinco zonas de ubicación temporal (ZUT), en el marco de la paz total.
Quedarán exceptuados, por ahora, quienes tengan pedidos de extradición, mientras se discute el tema con Estados Unidos.
Esto después de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunciara que no suspendería las órdenes de captura a jefes del Clan del Golfo, hasta no tener información suficiente y verificable del cumplimiento de condiciones legales para ese proceso de negociación.
El exnegociador de paz con el ELN en el gobierno de Juan Manuel Santos, Juan Camilo Restrepo, considera que hace bien la fiscal con la resolución que tomó: “Negociaciones de paz con levantamiento de órdenes de captura para delincuentes como son las cabezas del Clan del Golfo solo proceden si hay una ley de sometimiento que a la fecha no existe”.
A su vez, el ex comisionado de Paz Miguel Ceballos analizó que la paz total “hizo trizas la seguridad, y con ello hizo trizas la posibilidad de una paz real, una reforma se vuelve indispensable: la estructura y funciones del consejero comisionado de paz — verificar la voluntad real de desarme, desmovilización, colaboración con la justicia y reincorporación, y conducir el sometimiento a la justicia— deben trasladarse al Ministerio de Justicia y del Derecho”.
Agregó que la gestión de los comisionados Danilo Rueda y Otty Patiño “revela los límites de un modelo que confundió política de paz con política criminal”.
