Mientras el Gobierno nacional intenta sacar adelante su Asamblea Nacional Constituyente a través del comité recolector de firmas que autorizó la Registraduría, la Fundación Defensa del Estado procura tumbar dicha resolución que se constituye como el primer paso al tedioso proceso de construir una nueva carta política.
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Para la fundación, la Registraduría no tiene la competencia para reconocer comités promotores y voceros de iniciativas legislativas ciudadanas de este tipo que intentan impulsar una constituyente.
Además, argumentan que la Resolución 1117 de 2026 expedida por el órgano de logística electoral plica indebidamente las reglas de la iniciativa legislativa ciudadana a un mecanismo de reforma constitucional que no puede promoverse por esa vía.
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Estos argumentos fueron presentados en una demanda al Consejo de Estado que la rechazó afirmando que la resolución de la Registraduría es solo un trámite que no está sujeto a control.
“El acto que se cuestiona constituye apenas el inicio del procedimiento para la iniciativa legislativa (…) la resolución demandada no culmina la actuación administrativa a la que se ha hecho referencia y, en esa medida, no tiene la connotación de acto administrativo pasible de control judicial”, menciona la Sala Quinta del alto tribunal.
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Los que impulsan esta iniciativa tendrán seis meses para recolectar las firmas -que inició el 30 de enero pasado- como lo exige la Registraduría. El comité deberá reunir el 5 % del censo electoral, que equivale aproximadamente a 2.050.000 firmas.
Luego de ello se procederá a la verificación de las firmas y de esta manera certificar que se cumplió con el requisito para presentar el proyecto de ley ante el Congreso de la República. Solo si el comité pasa esos filtros, la iniciativa podrá ser sujeta a control judicial.
Esta no es la primera vez que se presenta una demanda contra la recolección de firmas para una eventual constituyente. Ya un excandidato a la Cámara por Bogotá había presentado ante el Consejo de Estado argumentos similares.
