A través de una resolución suscrita en abril pasado, el Gobierno pidió suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del grupo criminal del Clan del Golfo.
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La idea es buscar un proceso de conversación sociojurídica con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, antes Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.
Uno de los beneficiados con la medida es el máximo jefe de esta organización narcotraficante, Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, quien asumió el mando tras la extradición de alias Otoniel.
Además, la resolución incluye a Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña y Luis Enrique Martínez Cogollo.
La suspensión solicitada por el gobierno del presidente Gustavo Petro también opera sobre aquellas órdenes con fines de extradición.
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La medida permite además que estos líderes se movilicen hacia puntos específicos de concentración, en un proceso que iniciaría el próximo 25 de junio y para el que se han definido dos puntos geográficos para este fin: Tierralta, en Córdoba, y Belén de Bajirá, en Chocó.
Y este levantamiento de las órdenes de captura solo es válido para el desplazamiento hacia las zonas de ubicación definidas.
