El Decreto 0182 de 2026, que planteaba la forma en que operan las EPS en el país, limitando cuántas pueden funcionar en cada región según su población y permitiendo redistribuir a los afiliados entre distintas entidades., fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado.
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La decisión llega tras una demanda presentada por la representante Katherine Miranda. Advirtió que el decreto podría afectar el derecho de los usuarios a elegir su EPS y provocar traslados masivos de pacientes.
En la demanda se argumenta que gran parte de los afiliados terminaría siendo trasladada a la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, pero con una actual crisis en el servicio.
Por su parte, el Gobierno argumentó con el decreto que se buscaba ordenar el sistema, mejorar la cobertura en las regiones y reducir la fragmentación del servicio de salud.
El Consejo de Estado decidió frenar la medida de manera temporal, mientras se estudia de fondo el decreto.
En la decisión del Consejo de Estado, se lee que el decreto produciría una “afectación relevante del derecho fundamental a la salud, en particular de la libre escogencia, y de los principios de accesibilidad, disponibilidad, calidad y continuidad del servicio”.


















