Ante la preocupación que ha generado en el país el secuestro de miembros de la Fuerza Pública y de funcionarios judiciales, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se refirió a los llamados “juicios revolucionarios” promovidos por grupos armados ilegales. En su declaración fue enfático en que estas prácticas no cuentan con ningún respaldo jurídico y que, además, representan una violación del Derecho Internacional Humanitario.
En entrevista con Caracol Radio, el funcionario recalcó que en Colombia rige el principio de que la administración de justicia es exclusiva del Estado. En ese sentido fue contundente al afirmar. “Solo la Fiscalía investiga y acusa, y los jueces condenan. Eso no se discute”.
Asimismo, Cuervo advirtió que cuando organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) intentan adelantar este tipo de procedimientos, lo que realmente ocurre es una forma de justificar conductas ilegales.
Y añadió que estas acciones corresponden a la figura de secuestro, ya contemplada como delito y prohibida por normas internacionales: “Se trata de una toma de rehenes, tipificada en el Código Penal y prohibida por los protocolos de Ginebra”.
Además, también se refirió a la posibilidad de un intercambio de personas privadas de la libertad con estos grupos, señalando que no es viable en el marco jurídico colombiano. Aunque reconoció que en escenarios de conflictos entre Estados existen mecanismos de canje, aclaró que este no es el caso del conflicto interno. “Un canje implicaría reconocer legitimidad a un grupo armado ilegal, lo cual no está permitido ni por el derecho internacional ni por la legislación colombiana”.
En su intervención insistió en que la prioridad debe ser la liberación de los secuestrados mediante presión institucional, acompañamiento internacional y la mediación de entidades humanitarias.
Frente a las críticas sobre la estrategia de ‘paz total’ del Gobierno del presidente Gustavo Petro, el ministro reconoció que se trata de un proceso complejo que enfrenta múltiples obstáculos. En ese sentido, señaló que uno de los errores ha sido establecer tiempos rígidos para las negociaciones. “Los procesos de paz son complejos. El acuerdo con las FARC tomó cerca de ocho años si se cuenta toda su fase preparatoria y de implementación”.
Asimismo, resaltó que estos esfuerzos deben ir acompañados de mejoras en materia de seguridad en los territorios. “La legitimidad se construye cuando la ciudadanía percibe que negociar reduce la violencia”.
Cuervo también recordó que tras la desmovilización de las Farc quedó un vacío institucional en varias regiones, lo que facilitó la expansión de otros grupos armados ilegales.
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En cuanto al estado actual de los diálogos con el ELN, planteó que el Gobierno debería concentrarse en acuerdos humanitarios de corto plazo, como la liberación de secuestrados, la prohibición del reclutamiento de menores, el cese de ataques contra civiles y la protección de la infraestructura crítica. “Sin esos mínimos, es muy difícil avanzar en cualquier negociación”.
Finalmente, explicó que la ley de ‘paz total’ diferencia entre grupos con motivación política, como el ELN, y estructuras dedicadas principalmente al narcotráfico, lo que permite aplicar rutas jurídicas distintas: paz para unos y sometimiento a la justicia para otros.
