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El presidente Gustavo Petro aseguró este martes que el número de víctimas de ejecuciones cometidas por militares, conocidas como ‘falsos positivos’, es de 7.837, un 22 % más de casos que los revelados hace cinco años por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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“Se eleva a 7.837 la cifra de jóvenes asesinados por la fuerza pública dirigida por el expresidente (Álvaro Uribe) y que eran presentados como guerrilleros dados de baja. Este es el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo”, manifestó Petro en su cuenta de X.

En febrero de 2021, la JEP dijo que, con base en sus investigaciones, estableció “que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, periodo que coincide con los dos mandatos de Uribe (2002-2010).

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Sin embargo, Petro citó este martes una declaración del magistrado Pedro Elías Díaz, quien en una audiencia celebrada el pasado domingo en Apartadó, en el departamento de Antioquia, por la masacre de La Resbalosa, perpetrada el 21 de febrero de 2005, dijo que la cifra de los ‘falsos positivos’ es mayor.

Según Díaz, hay “estadísticas de homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la fuerza pública entre los años 1990 y 2016 a nivel nacional clasificados como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate que corresponden a 7.837 víctimas”.

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“Esa cifra es dinámica conforme avanzan los casos que se abordaron en el Macrocaso 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado”, agregó el magistrado sobre ese número.

Confirmación por parte de la JEP

Al respecto, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que el cambio en la cifra corresponde a la ampliación del periodo de análisis, que antes era de 2002 a 2008 y ahora es de 1990 a 2016, y a un nuevo cruce de datos e informes.

“Siempre hemos dicho que esa cifra de 6.402 es un universo provisional de hechos, algo que puede cambiar”, afirmó Ramelli durante la presentación del informe de imputación a 20 exguerrilleros de las FARC por el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

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Ramelli informó que aún falta sumar datos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, que actualmente se encuentra realizando audiencias en las que algunos comparecientes confiesan estos crímenes.

“Lo más probable es que incluso esta cifra vaya a aumentar en el futuro”, dijo Ramelli.

Los llamados ‘falsos positivos’, uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, fueron ejecuciones de civiles por parte de miembros del Ejército que luego presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para recibir recompensas o beneficios.

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Las víctimas generalmente eran jóvenes pobres o discapacitados que fueron reclutados con falsas promesa de empleo y luego llevados a lugares de Colombia distintos a su sitio de residencia donde fueron ejecutados.

La JEP, tribunal creado por el acuerdo de paz con las FARC en 2016 para investigar y juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado, condenó en diciembre pasado a 20 años de prisión al coronel retirado del Ejército Publio Hernán Mejía al hallarlo penalmente responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad por estos asesinatos.