La Defensoría del Pueblo informó este viernes que en el primer trimestre del presente año ha identificado 19 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, concentrados principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia y Caquetá. En el Caribe de registra un caso de reclutamiento en 2026 en el Magdalena.
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El 63% son adolescentes y el 37% niñas y niños.
Recordó que en el 2025 se presentaron 361 casos de reclutamiento en el país, el 41% perpetrados por parte del Estado Mayor Central. En el Caribe se registraron 2 casos en La Guajira, 7 en Cesar, 3 en Magdalena y 10 en Bolívar.
Por ello pidió a las y los aspirantes a la Presidencia de la República que en el tema de reclutamiento se implementen estrategias de prevención integrales con enfoque diferencial y participación comunitaria.
Ademas, advirtió la entidad del Ministerio Público que en los últimos días se han conocido imágenes que muestran a miembros de grupos armados ilegales en zonas rurales de Nariño y Cauca ingresando a instituciones educativas para distribuir propaganda y entregar útiles escolares, así como utilizando y ocupando estos espacios.
“Sus efectos trascienden la suspensión de clases. La presencia de actores armados genera miedo, inseguridad y presión sobre niñas, niños y adolescentes, lo que incrementa el ausentismo, la deserción escolar y la interrupción de sus trayectorias educativas, afectando el ejercicio efectivo del derecho a la educación y a un buen futuro”, cuestionó.
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Además, añadió, esta exposición incrementa los riesgos de reclutamiento, violencia sexual y otras afectaciones en el marco del conflicto armado, profundizando su vulnerabilidad y debilitando las garantías para su desarrollo integral.
“Los grupos armados ilegales están obligados a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios de distinción y precaución. En este sentido, deben abstenerse de ocupar o afectar bienes de carácter civil, como lo son los establecimientos educativos y evitar cualquier acción que genere riesgos previsibles para la población civil, especialmente niñas, niños y adolescentes”, se lee en el pronunciamiento.
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Precisó en este sentido que de manera específica, la Declaración sobre Escuelas Seguras de la ONU y sus directrices establecen que las partes en conflicto deben evitar el uso, ocupación y destrucción de los establecimientos educativos.
“Resulta urgente que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, adopten medidas integrales y sostenidas que garanticen la protección de las comunidades, y la seguridad en los entornos escolares, promoviendo no solo el acceso, sino la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo”, concluyó.
