La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en su informe anual correspondiente al 2025 que en Colombia el ejercicio periodístico continúa siendo de alto riesgo, con registros de asesinatos, amenazas, agresiones y atentados contra medios de comunicación, especialmente en zonas con presencia de grupos armados o criminales.
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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión observó con preocupación que en el país se siga reportando la utilización de mecanismos judiciales como forma de presión y silenciamiento sobre periodistas que informan o investigan asuntos de elevado interés público.

Sostuvo que, aunque ha identificado avances jurisprudenciales en relación con la investigación de crímenes contra la prensa y la protección de periodistas mujeres, persisten desafíos estructurales en materia de pluralismo informativo e independencia editorial de los medios públicos.
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Para la CIDH, esto toma mayor relevancia en un “contexto marcado tanto por la creciente estigmatización de la prensa por parte de funcionarios públicos, incluidas las más altas autoridades del Estado, como por decisiones del Consejo de Estado que fortalecen la pluralidad informativa y el derecho de acceso a la información”.
Además, la Comisión destacó los fallos de la Corte Constitucional sobre moderación de contenidos y acceso a internet.
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“A pesar de los riesgos persistentes, el sistema institucional colombiano conserva mecanismos de pesos y contrapesos orientados a garantizar la libertad de prensa y el derecho a la información. Colombia es un Estado activo en su interacción con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, se lee en el informe.
La Relatoría Especial recordó los asesinatos de los periodistas Óscar Gómez Agudelo, el 24 de enero de 2025 en Armenia, Quindío; Diomedes Farid Manrique, locutor de Olímpica Stereo y Frontera Estéreo en Maicao, La Guajira; y de María Victoria Correa Ramírez, en Envigado, Antioquia.
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Frente a estos hechos, reiteró que “la violencia contra periodistas es la forma más extrema de censura”, y que tiene un triple efecto: vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
En ese sentido, instó al Estado a cumplir su obligación de “investigar a fin de encontrar a los responsables de estos crímenes, para hacer justicia en el caso concreto, evitar su repetición y evitar el efecto inhibitorio que la violencia causa en los comunicadores”.
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“La CIDH y su Relatoría Especial han sostenido que la violencia contra periodistas busca restringir o impedir investigaciones sobre abusos o irregularidades cometidas por funcionarios o particulares, y sirve como un mecanismo de intimidación para silenciar a la prensa e impedir que la sociedad sea informada sobre acontecimientos de interés público”, agrega el informe.





















