La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitió un comunicado oficial en el que defendió su actuación frente al caso de la hidroeléctrica Urrá, luego de que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación disciplinaria contra la ministra de Ambiente, Irene Vélez, por presuntas fallas en el control y vigilancia del proyecto.
La decisión del Ministerio Público se da en el contexto de las inundaciones registradas en febrero de 2026 en la cuenca del río Sinú, que dejaron más de 200.000 afectados en Córdoba y Sucre. Según el ente de control, la emergencia no habría sido un hecho imprevisible, sino la materialización de riesgos previamente identificados, lo que apunta a posibles fallas en la operación del embalse y en la supervisión de las autoridades ambientales.
ANLA defiende su actuación
En respuesta, la ANLA aseguró que ha actuado “con pleno respeto por la institucionalidad” y reiteró su disposición para entregar toda la información requerida por los organismos de control.
La entidad destacó que, bajo la dirección de Irene Vélez, se han respaldado las investigaciones para esclarecer las causas del desastre y sus posibles responsables. Además, reconoció que el país enfrenta los efectos del cambio climático, incluyendo lluvias intensas e imprevisibles que incrementan el riesgo de inundaciones.
Según el comunicado, la ANLA ha cumplido sus funciones mediante la evaluación técnica rigurosa de proyectos, visitas de seguimiento y revisión constante de la documentación ambiental.
Acciones y sanciones
La autoridad ambiental también señaló que ha actuado con “celeridad y contundencia” frente a posibles infracciones. Indicó que durante 2025 se abrieron más de 500 procesos sancionatorios y se impusieron multas que superan los $198.000 millones, recursos que ingresaron al Estado.
Asimismo, destacó el trabajo de su equipo técnico y reiteró su compromiso con la vigilancia ambiental, la transparencia y la toma de decisiones responsables.
Llamado a empresas generadoras
Finalmente, la ANLA hizo un llamado a las empresas encargadas de la generación de energía para que gestionen adecuadamente los riesgos en sus operaciones y actúen de forma preventiva ante eventos climáticos extremos.
También recordó que, ante emergencias, los operadores deben activar planes de contingencia y coordinar acciones con autoridades locales y regionales, conforme a la normativa vigente.
Investigación sigue en curso
La Procuraduría busca establecer si hubo incumplimientos en el control y seguimiento de la hidroeléctrica Urrá, así como determinar responsabilidades disciplinarias de funcionarios y exfuncionarios involucrados en el caso.
El proceso se mantiene en etapa de investigación y podría derivar en sanciones si se comprueban las irregularidades señaladas por el organismo de control.
