Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro y cuatro exmiembros de la Policía Nacional, señalados de presuntamente integrar una red de corrupción que habría favorecido a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o ‘El Viejo’, conocido como el llamado ‘zar del contrabando’.
Entre los detenidos se encuentra el candidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro, así como los exintegrantes de la Policía Nacional José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los implicados habrían cumplido “diferentes roles ilícitos, contactando a servidores de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que podrían beneficiar el ingreso irregular de mercancía por los puertos del Caribe, a cambio de dádivas o ‘cachetadas’, como eran denominadas por la organización delictiva, que ascendían hasta 300 millones de pesos mensuales”.
Asimismo, las investigaciones indican que el excandidato Gómez Castro habría sido el encargado de coordinar encuentros estratégicos con funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera para favorecer los intereses de Marín Buitrago, ‘Papá Pitufo’.
“Gómez Castro sería el encargado de promover reuniones con funcionarios de entidades del orden nacional y local, y de realizar acercamientos con uniformados de la POLFA con el propósito de que influyeran desde sus cargos los intereses criminales de Marín Buitrago. Adicionalmente, habría recibido préstamos y vehículos del grupo delincuencial para realizar proselitismo y encuentros con fines políticos”.
Por otro lado, sobre el rol que habría tenido el capitán retirado Faudel Luis Salazar Piñeros, cuando se desempeñaba como jefe de la División Operativa de la POLFA en Cartagena, Bolívar, la Fiscalía indicó que “estaría implicado en el direccionamiento de sus subalternos para que autorizaran la salida del puerto de contenedores cargados con textiles, cigarrillos y otros productos, los cuales no tenían la documentación aduanera ni los permisos de ley completos, y eran trasladados por vía terrestre a diferentes ciudades de Colombia, Ecuador y Venezuela”.
Además, se le atribuye haber ordenado la devolución de mercancía de contrabando que había sido incautada cuando era transportada en dos camiones por vías del Atlántico. También habría pagado el arriendo de un apartahotel en el sector de Crespo, en Cartagena, para alojar a un mayor que presuntamente haría parte de la estructura ilegal.
En el caso del patrullero retirado José Luis Olaya Caicedo, las autoridades señalan que habría sido el encargado de identificar a los uniformados que podrían colaborar con la organización.
“Olaya Caicedo habría aprovechado su experiencia en el área de talento humano de la Policía Nacional para identificar y perfilar uniformados de la POLFA que podrían colaborar para la estructura de Marín Buitrago. Asimismo, estaría encargado de recolectar dinero de comerciantes en Cartagena para el pago de dádivas a otros uniformados y en algunos casos trasladó dinero a Bogotá con destino a otros funcionarios”, manifestó el ente acusador.
Por su parte, Édgar Humberto Bacca Sánchez Bacca Sánchez presuntamente tenía como función facilitar el ingreso de contrabando de productos de cacharrería y cigarrillos por los puertos de Barranquilla, Atlántico y Cartagena, Bolívar.
“Al parecer, ubicaba a agentes aduaneros y dueños de agencias para que le pasaran listados de los contenedores que no debían ser registrados ni aprehendidos. Las evidencias indican que habría entregado 28 millones de pesos al capitán en retiro Salazar Piñeros y 10 millones en una bolsa con pandebonos a un intendente que actuaba con agente encubierto”, según lo manifestado por la Fiscalía.
Entre tanto, Juan Manuel Jaramillo Mora, conocido como ‘Zorro’, habría tenido la tarea de dinamizar la entrega mensual de dinero a los funcionarios involucrados. Investigadores del ente acusador establecieron que presuntamente entregó 34 millones de pesos a un uniformado que trabajaba como agente encubierto dentro de la investigación.
“Tras su retiro de la Policía Nacional continúo ingresando a instalaciones policiales y portuarias haciéndose pasar como patrullero activo”, explicó la Fiscalía.
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Finalmente, a todos los procesados les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
En el caso de Salazar Piñeros, se le sumó el delito de influencias de servidor público, mientras que a Gómez Castro se le imputó además el de tráfico de influencias de particulares. Ninguno aceptó los cargos.
