La guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador pareciera no tener fin y, por el contrario, sus gobiernos afinan nuevas medidas para subirlo. El Gobierno colombiano publicó un borrador de decreto para aumentar del 30 al 50 % los gravámenes al país vecino en más de un centenar de productos.
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Con este nuevo decreto se modifica el 0170 que establecía el alza del 30 % y ahora con el anuncio el pasado sábado del Gobierno de Daniel Noboa de subir al 50 % del arancel a las importaciones colombianas, la Casa de Nariño responde argumentando razones de reciprocidad, defensa de la seguridad nacional y protección de la producción interna.
Para Bogotá, las medidas adoptadas por el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) van en contravía del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena, que establece la eliminación automática e irrevocable de gravámenes entre los países miembros de la Comunidad Andina (CAN).
El Gobierno colombiano le recordó a su par ecuatoriano que la “tasa de seguridad” que impuso se puede leer como un arancel y por consecuencia constituye una violación a los compromisos firmados.
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El borrador de decreto incorpora más de 100 nuevas subpartidas arancelarias manteniendo partidas previamente afectadas. Esto incluye productos agroindustriales, manufacturas, bienes industriales, derivados del petróleo, productos químicos, alimentos procesados y artículos plásticos, entre otros. Entre los nuevos bienes gravados figuran sal, azufre y artículos sanitarios de plástico, identificados por sus respectivas subpartidas.
Ya antes el Decreto 0170 había impuesto un arancel del 30 % a 23 partidas arancelarias, agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales, además de haber impedido el ingreso por vía terrestre de arroz, plátano, banano, papa, cebolla, tomate, legumbres y maracuyá.
Además suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, clave para atender su demanda nacional en determinados periodos, a lo que Quito respondió con un incremento de 3 a 30 dólares por barril en el transporte de petróleo de la empresa estatal colombiana Ecopetrol a través de los oleoductos de la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador.
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Las instituciones de la Comunidad Andina (CAN), integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, hicieron un llamado urgente a encontrar una solución, al advertir que estas medidas “afectan seriamente al proceso de integración y generan impactos negativos en la vida de los ciudadanos y en el tejido socioeconómico de ambos países”.
