El Decreto 0182 de 2026 expedido por el Gobierno nacional y con el que se establecen nuevas reglas para la operación de las EPS ha suscitado todo un debate en el país, gremios y expertos critican las medidas adoptadas por el Ejecutivo a quien una vez más culpan de la crisis en el sistema.
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Según el decreto, cuando una EPS supere el 20 % del total de afiliados a nivel nacional será tenida en cuenta dentro del número máximo permitido por categoría territorial, aunque mantendrá su autorización para operar en las zonas donde ya tenga presencia.
Así las cosas, unos tres millones de usuarios tendrían que ser trasladados de EPS de acuerdo con su territorio. La Nueva EPS, Mutual Ser y SOS recobrarían a la mayoría.
Para Cecilia López, exministra de Agricultura del actual Gobierno y hoy detractora, esta situación generaría un “desastre” pues lo que sucede cuando, a su juicio, la salud cae en manos de la política.
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En conversación con Caracol Radio, López sostuvo que la Nueva EPS no tiene la capacidad para atender a más usuarios: “No tiene el nivel técnico, no tiene la actitud, no tiene ninguna de las condiciones para responder a los afiliados que tiene que son muchísimos. Y si ahora le agregan en medio de esta crisis, me temo que la situación de la población en general, pero la que más acude, que es la gente de ingresos más medios y más bajos, son los que van a tener una pésima atención”.
Para la exministra, lo que se esconde detrás de esta movida del Gobierno es buscar estatizar de a poco el sistema de salud. Y es que el presidente Petro ha sido muy crítico de la gestión de los privados al frente de las EPS de ahí que la Superintendencia de Saud haya intervenido más de una.
“Lo que el presidente ha hecho es disparar, por un lado, los costos de la salud. La salud prepagada se volvió imposible para la mayoría de la gente que antes pagaba el sistema, porque hay una demanda de todo el mundo y, por otro lado, la atención en el sistema del Estado del gobierno es un desastre”, agregó al medio en mención.
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Otro de los que criticó el decreto fue la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) quien expuso que si bien la territorialización del aseguramiento es razonable bajo criterios de eficiencia y capacidad de atención a la población, consideran que estas condiciones sólo pueden tramitarse por ley.
“La fragmentación actual del aseguramiento y la heterogeneidad de sus operadores: 8 EPS bajo medida de intervención con más de 24 millones de afiliados, con críticos resultados financieros y alto grado de insatisfacción por sus usuarios, impide que la redistribución de afiliados se de en condiciones de balance operativo entre entidades que ceden población y entidades que reciben población.”, indica el gremio.
