El presidente Gustavo Petro insiste en que el incremento del salario mínimo para este año 2026 está apegado a la Constitución. Así lo dejó claro en una publicación en su cuenta de X, a propósito de la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto que permitió el aumento.
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“El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución. Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él. Así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el consejo de estado, seguirá las órdenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución”, se lee en la primera parte de la publicación del mandatario.
Agregó: “Por respeto al magistrado, el ministro de Trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá. La reunión de concertación se hará a luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios. También debe estudiarse la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y en el aumento del déficit y de los precios en Colombia”.
También publicó: “Los derechos privados que debe defender el consejo de Estado ante el gobierno, cobijan el derecho del pueblo trabajador. Disminuir la demanda por alimentos vitales en Colombia en las actuales circunstancias llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre y la desnutrición infantil, la más grave. Eso atenta contra la vida. Nada más anticonstitucional”.
De igual forma, indicó que se tiene que decidir sobre si se quiere un pacto social “o el enfrentamiento social y político”.
“Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario. Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener. Invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto. El poder judicial debe saber que el gobierno se debe al voto que lo eligió y a la constitución nacional”, finalizó.
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La medida del Consejo de Estado, adoptada por un magistrado ponente, obliga al Gobierno a expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, cumpliendo con los parámetros legales y constitucionales vigentes.
El magistrado que revisa la legalidad del decreto, que contemplaba un aumento del 23,7%, ordenó una suspensión provisional mientras se analiza la demanda en su fondo. Esto significa que los efectos legales del aumento quedan momentáneamente congelados hasta que el Ejecutivo expida un nuevo acto administrativo que cumpla con los requisitos técnicos establecidos por la ley.
Hay que dejar claro que los trabajadores que devengan este ingreso recibirán su pago del 15 de febrero con el aumento del 23.7%, pues la medida no tiene efectos inmediatos sobre los pagos de nómina ya procesados, garantizando la estabilidad económica de los empleados en el corto plazo.
