El Consejo de Estado determinó que es competente para tramitar una demanda de pérdida de investidura contra el presidente Gustavo Petro por hechos relacionados con sus inasistencias al Senado de la República.
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo retomó el caso después de un extenso debate jurídico sobre si era posible analizar una demanda de este tipo por el fuero especial de Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ante su cargo de primer mandatario.
La demanda había sido presentada en noviembre de 2022, poco después de que Petro asumiera como jefe de Estado, por lo que el expediente, abierto en febrero de 2023, permaneció inactivo casi dos años.
Este proceso contra Petro es a raíz de sus presuntas inasistencias injustificadas a sesiones plenarias del Senado en 2018, ya que el entonces senador habría faltado a al menos cinco sesiones sin justificar de manera adecuada sus ausencias.
Una eventual decisión de la alta corte no tendría un efecto real inmediato sobre Petro porque ya no ocupa su curul en la cámara alta, pero el caso podría sentar jurisprudencia sobre la competencia de los tribunales para conocer demandas de pérdida de investidura cuando el demandado ha cambiado de cargo y cuenta con fuero especial.
