Un médico fue capturado en Bogotá luego de implantar anticonceptivos vencidos a dos niñas de 14 y 15 años en un consultorio de la localidad de Teusaquillo. Los hechos ocurrieron tras una denuncia de la madre de las menores, que permitió la intervención de la Policía Nacional y la apertura de una investigación penal.
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El caso se registró en un centro médico identificado como Ecografías Palermo, ubicado cerca de la avenida Caracas con calle 32, a donde la familia acudió para solicitar un implante anticonceptivo para las adolescentes.
De acuerdo con el relato de la madre, tras el procedimiento solicitó verificar el empaque y la fecha de vencimiento de los productos utilizados, a lo que el médico se habría negado inicialmente. Posteriormente, logró revisar uno de los empaques y detectó fechas de vencimiento entre septiembre de 2017 y septiembre de 2020, lo que indicaría que los anticonceptivos llevaban más de cinco años vencidos.
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La mujer consultó con una médica conocida y acudió a Profamilia, donde le confirmaron que los implantes no debían ser utilizados y que era necesario retirarlos de inmediato por el riesgo que representaban para la salud.
Tras esta verificación, la madre alertó a la Policía Nacional, que llegó al consultorio y corroboró que los productos implantados en las menores estaban vencidos.
La policía lo capturó
Un oficial de inspección confirmó que el médico fue capturado por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
Según la Policía, el caso se agrava debido a que el procedimiento de implantación subdérmica se realizó a dos menores de edad, de 14 y 15 años.
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De acuerdo con la información conocida, una de las adolescentes presentó lesiones más severas en uno de sus brazos, presuntamente ocasionadas durante el retiro apresurado de uno de los implantes por parte del médico, luego de que la madre lo confrontara.
La familia regresó a Vergara, Cundinamarca, tras interponer la denuncia. La menor afectada será valorada por personal médico para determinar posibles daños derivados del procedimiento.
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El médico permanece bajo custodia de las autoridades judiciales mientras avanza la investigación para establecer responsabilidades penales y verificar si existen más posibles víctimas relacionadas con procedimientos similares en el mismo consultorio.
