La Contraloría lanzó una alarma luego de realizado un estudio fiscal de las universidades públicas del país: solo una de las 34 almas máter del país es financieramente autosostenible y el 97 % de las instituciones no logran sostener su operación con recursos autogenerados.
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El órgano de control encontró problemas recurrentes como la insuficiencia de los aportes estatales, el aumento de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las limitaciones para aumentar los ingresos propios.
Las instituciones coinciden en la necesidad de actualizar la Ley 30 de 1992, diversificar fuentes de financiación y fortalecer alianzas y cooperación interinstitucional.
También se refirieron al Proyecto de Ley 212 de 2024, pendiente de sanción presidencial y que reforma la Ley 30 de 1992, en la que ven diferencias en las estimaciones según la metodología y el horizonte de análisis: mientras el Ministerio de Educación proyecta un costo de $22,1 billones para el período 2027-2040, la Contraloría estima un impacto de $27,8 billones para 2027-2036.
“El proyecto avanza en la dirección correcta hacia la gratuidad y hacia niveles de financiación como proporción del PIB comparables con los países de la OCDE (1 %), frente a los cuales Colombia invierte cerca de la mitad del promedio, resulta fundamental que cualquier incremento esté respaldado por fuentes de financiamiento claras, suficientes, verificables y sostenibles en largo plazo”, manifestaron.
La Contraloría reconoce avances en inversión, gestión presupuestal y diversificación de ingresos, sin embargo, insisten, persisten brechas significativas, desigualdades en la asignación de recursos, desbalances en la capacidad de generación de ingresos propios y los niveles críticos de endeudamiento en un grupo importante de universidades, “lo que plantea la necesidad de revisar el modelo de financiación y la implementación de mecanismos que promuevan mayor equidad, sostenibilidad y fortalecimiento institucional”.
“De igual manera, se confirma que el pasivo pensional continúa siendo uno de los factores de mayor presión para la sostenibilidad financiera de las universidades públicas, especialmente para aquellas con menor capacidad de generación de recursos propios”, advierten.
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Recomendaron que se diversifique las fuentes de ingreso de la sostenibilidad financiera del sistema universitario público colombiano el ajuste anual de los recursos conforme a los costos reales del sector y la protección de los recursos misionales frente a la carga pensional y el endeudamiento, mediante una reforma efectiva de los mecanismos de concurrencia.
El órgano de control concluyó que resulta “pertinente” revisar el modelo de financiación vigente y a definir, a la luz de la recién aprobada ley, la ruta que debe asumir el Estado colombiano para garantizar la estabilidad del sistema: “Avanzar hacia la gratuidad y la universalidad de la educación superior o, fortalecer esquemas que aseguren la sostenibilidad financiera de las instituciones públicas”.
