La Contraloría informó este jueves en un comunicado que las transacciones con títulos de deuda efectuadas por el Gobierno Nacional en diciembre de 2025 y enero de 2026 “cumplieron con los requisitos legales y que su finalidad fue contribuir a mitigar el riesgo de liquidez de la Nación”.
Agregó la entidad que debido a los bajos niveles de depósitos registrados ($1,44 billones el 8 de diciembre de 2025), el Ministerio de Hacienda llevó a cabo una operación de tesorería que consistió en la venta de una parte de su portafolio de TES B por $23,24 billones, con el objetivo de fortalecer la liquidez del Gobierno.
“La Contraloría verificó que dicha operación cumplió con todos los requisitos legales y autorizaciones correspondientes, y destacó que no implicó la emisión de nueva deuda. Si bien la compraventa de títulos es una práctica habitual, lo que distingue esta operación es el elevado monto transado”, se lee.
Advierte el boletín no obstante que para la vigencia 2026, el plan financiero indicaba que el Gobierno requería USD 13.096 millones de recursos de crédito externo para su financiamiento, de los cuales USD 9.000 millones se obtendrían a través de la emisión de bonos globales. De esta manera se realizó la emisión de bonos externos por USD 4.950 millones: “Esta operación sí implica endeudamiento y cubrirá parte de las necesidades de recursos externos que quedaron plasmadas en el Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso”.
Pone de presente el reporte que los nuevos bonos externos emitidos vencerán en 2029, 2031 y 2033, generando un cambio en el perfil de la deuda.
“La Contraloría llama la atención sobre la alta concentración de los vencimientos de deuda en 2029, ya que a las mayores cancelaciones de bonos globales se suma los vencimientos de TES B en pesos ($43,72 billones), TES B en UVR ($19,73 billones) y los Títulos de Solidaridad ($9,74 billones) creados durante la pandemia. En total se estima que los pagos por amortizaciones serían cercanos a los $89,6 billones en 2029. Enfrentar esta concentración de pagos requerirá en los próximos años una fuerte gestión por parte del Ministerio de Hacienda”, alerta el organismo de control.
Y concluyó que entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, la deuda del Gobierno presentó una disminución. Pasó de 59.3% del PIB en 2024 a 57.8% del PIB en septiembre de 2025. Ello indica que la deuda se encuentra dentro del rango que exige la regla fiscal, que tiene un tope de 71% del PIB y un ancla de 55% del PIB.
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“La inflexibilidad del Presupuesto General de la Nación oscila en un 93%, es decir el margen de maniobra es limitado, si el comportamiento de los ingresos y del recaudo no crece, las posibilidades de inversión social en los nuevos Planes de Desarrollo se van a ver comprometidas. Los gastos de funcionamiento de los últimos años han estado entre un margen del 55% y 62% con excepción del año 2020 que sube al 68% (pandemia covid-19)”, finalizó.
