La Contraloría General de la República volvió a encender alertas sobre el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes en Colombia, al señalar una serie de riesgos técnicos, financieros, operativos y jurídicos que, a su juicio, podrían comprometer la sostenibilidad del servicio y afectar el patrimonio público.
En un comunicado dirigido a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, el contralor delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Luis Enrique Abadía García, cuestionó la afirmación oficial según la cual no existen retrasos ni riesgos en el nuevo esquema.
De acuerdo con el ente de control, esa postura “no se compadece” con las observaciones documentadas durante el seguimiento fiscal preventivo y concomitante al proceso.
En este sentido, el órgano de control explicó que entre los principales puntos señalados se encuentra el posible incremento de los costos operativos, sumado al riesgo cambiario, debido a que el modelo contempla pagos en euros.
La Contraloría advirtió que las variaciones en la tasa de cambio serían asumidas por la parte colombiana, sin que exista un estudio robusto de cobertura o mecanismos de mitigación.
El organismo también alertó sobre la transición de un esquema de suministro “a demanda” a uno con una cantidad mínima anual predefinida, lo que generaría nuevas obligaciones financieras y logísticas, sin claridad suficiente sobre garantías de abastecimiento en caso de requerirse volúmenes adicionales.
Otro de los riesgos identificados está relacionado con el cobro de intereses por pagos extemporáneos, una condición que, según la Contraloría, no existía en los contratos anteriores y que podría elevar el costo total del modelo.
En un informe adicional, la entidad reportó retrasos en el cumplimiento de los cronogramas y cambios reiterados en las fechas de implementación, incluso en actividades preliminares que son requisito para el desarrollo de las fases posteriores del proyecto.
Pese a los señalamientos, el ente de control aclaró que su pronunciamiento no busca abrir un debate con la Cancillería, sino cumplir con su deber constitucional de advertir de manera oportuna sobre posibles afectaciones al patrimonio público y a la continuidad de un servicio considerado esencial para los ciudadanos dentro y fuera del país.
Finalmente, la Contraloría instó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Imprenta Nacional a adoptar medidas verificables y suficientes que permitan mitigar los riesgos identificados, garantizar el cumplimiento de los hitos del modelo y asegurar la prestación del servicio de pasaportes bajo criterios de eficiencia, seguridad y transparencia.
