La familia de Valeria Afanador Cárdenas, la niña de 10 años que desapareció y posteriormente fue encontrada sin vida en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar en la imputación de cargos contra la rectora y dos docentes del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, institución en la que la menor se encontraba el día de los hechos.
A través de su representante legal, el abogado Julián Quintana, las víctimas pidieron que la investigación se conduzca bajo la figura de homicidio agravado con dolo, al considerar que existieron fallas graves y omisiones por parte de quienes tenían la responsabilidad institucional de proteger a la menor durante la jornada escolar.
Según el documento radicado ante el ente acusador, el 12 de agosto de 2025 Valeria estaba dentro del plantel educativo en horario regular de clases y no había autorización para actividades externas ni recreo.
No obstante, la niña habría salido del aula “sin control efectivo” quedando fuera del control del colegio y expuesta a un riesgo que, de acuerdo con la defensa, terminó de manera fatal.
Para la familia, este hecho “no fue fortuito ni imprevisible”, sino como consecuencia de fallas reiteradas en los protocolos de seguridad.
Asimismo, la solicitud detalla presuntas responsabilidades individuales. En primer lugar, se señala a la rectora del plantel, Sonia Ochoa, a quien se le atribuye no haber garantizado un sistema efectivo de vigilancia y custodia, pese a conocer deficiencias en los mecanismos de protección de los estudiantes. También se cuestiona la actuación de Emely Viviana Fuentes Hernández, docente a cargo de Valeria, por permitir su salida del aula sin activar los procedimientos de control establecidos.
Además, el escrito menciona al profesor Diego Orlando Pinzón, quien, según la defensa, habría advertido la presencia de la menor fuera de su salón en un horario no permitido. A pesar de ello, y pese a su posición de garante, no habría intervenido para restablecer la seguridad de la niña.
Por otro lado, uno de los puntos centrales de la petición está relacionado con el estado del cerramiento perimetral del colegio. La representación de víctimas sostiene que existía una falla conocida y persistente en la malla de seguridad, situación que fue confirmada en una inspección judicial, donde se evidenció una “reja o malla rota y con huecos” cubiertos de forma provisional con polisombra. Para la familia, este elemento demuestra que el riesgo era previsible y no fue corregido a tiempo.
Lea también: “Cuatro menores murieron en medio de enfrentamientos entre las disidencias en Guaviare”: Medicina Legal
El documento también cuenta con testimonios que, según el abogado Quintana, refuerzan la tesis de un peligro previamente identificado. La madre de la menor aseguró haber sido informada de que un día antes otro estudiante se había salido por el mismo hueco de la malla. El padre, por su parte, habría sido informado de que Valeria “se escapó por una malla que estaba rota”.
La defensa manifiesta que tanto la noticia criminal como la carátula del proceso hacen referencia a un homicidio agravado contra una menor de edad, lo que implica un nivel de protección constitucional reforzada y descarta que el caso sea tratado como una simple desaparición.
Finalmente, se advierte sobre el riesgo que representaba la cercanía del río Frío con el plantel educativo. De acuerdo con un informe del CTI, las cámaras de seguridad ubican a la menor en inmediaciones de la malla perimetral que limita directamente con el afluente, lo que, según la familia, conecta de manera directa las fallas estructurales del colegio con el trágico hecho.
No olvide leer: Revelan chats entre el domiciliario y la mujer que habría coordinado la entrega de las frambuesas envenenadas con talio
