Hay alertas en distintos sectores del país por el temor de que resulte peor el remedio que la enfermedad por los intentos del Gobierno del presidente Gustavo Petro de menguar el impacto del desmedido incremento del salario mínimo al 23 % para este año de 2026.
Leer también: Mintrabajo: “Vamos a expedir un decreto de desindexación” de las viviendas VIS y VIP del salario mínimo
Los llamados de atención vienen sobre todo de gremios y expertos por las normas que ha adoptado o anunciado el Ejecutivo para tratar de paliar las presiones inflacionarias de los $2 millones mensuales para los trabajadores. Por ello, hay líos con las pensiones, la desindexación de bienes y servicios, las empresas de servicios temporales, el déficit fiscal y la deuda pública, entre otros.
Controlar precios
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, confirmó este viernes que emitirá un decreto para controlar precios tras el aumento del salario mínimo.
El anuncio fue hecho por el jefe de la cartera, Antonio Sanguino, quien señaló que el presidente Petro expedirá en los próximos días una ley con medidas de control de precios y desindexación de bienes y servicios.
Sanguino señaló, en medio de una entrevista con Mañanas Blu, que el Ejecutivo tomará medidas para evitar presiones inflacionarias y prácticas especulativas, al mismo tiempo que defendió el incremento, sustentado en el comportamiento reciente de indicadores económicos clave.
El jefe de la cartera indicó al medio antes citado que el Gobierno recibió una inflación cercana al 14 % y que actualmente se ubica alrededor del 5,2 %. De igual manera, destacó una reducción del desempleo, que cerró el año en 7 %, y un crecimiento económico que alcanzó el 2,9% en 2025, con un repunte del 3,6% en el último trimestre.
Viviendas VIS y VIP
Sanguino, además, reveló que el Gobierno nacional expedirá un decreto de desindexación de las viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) del salario mínimo.
“Vamos a expedir un decreto de desindexación del valor de la vivienda de interés social y de la vivienda de interés prioritario, que está hoy atada al incremento del salario mínimo para evitar un fenómeno especulativo en un área que es muy importante para las familias de Colombia”, expresó el ministro.
Asimismo, advirtió que, con el incremento del salario mínimo, el Gobierno debe observar dos asuntos fundamentales: un posible impacto inflacionario o presión inflacionaria y fenómenos especulativos que pueden surgir a partir de expectativas de mercado.
No obstante, destacó que la experiencia de los últimos tres años demuestra que estos riesgos han sido manejables. “Hemos incrementado el salario mínimo en un 37,6 % acumulado nominalmente, con un incremento real del 17,4 % en los ingresos de los trabajadores. Y la inflación que recibimos en un 14 % del Gobierno del presidente Duque está más o menos terminando el año 2025 en el 5,2 % y hay una inflación calculada para este año de la misma cifra, 5,2 % y 5,3 %”.
Impacto a pensiones
El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 1485, con el que intenta minimizar el impacto del alza del salario mínimo en las pensiones, a través de la aparente corrección de distorsiones técnicas y financieras en la aplicación del esquema vigente desde 2016.
Se trata de un ajuste al mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo en el sistema pensional, concretamente para las pensiones reconocidas bajo la modalidad de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida.
De este modo, se reforma el Título 17 del Decreto 1833 de 2016, redefiniendo el alcance del mecanismo que cubre el riesgo generado cuando el aumento del salario mínimo supera la inflación.
Para el Gobierno, en los últimos 10 años, la brecha entre ambos indicadores se ha ampliado de forma significativa, por lo que indicó que era necesario restablecer el equilibrio actuarial y financiero del sistema pensional.
Pero Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advirtió que lo que hace esta norma es trasladar a los trabajadores el costo de un aumento elevado del salario mínimo que antes asumía el Gobierno nacional.
Esto, criticó, lo que hace es alejar en la práctica a miles de personas de la posibilidad de pensionarse.
Importante: ¿Qué sube de precio en Colombia desde este 1 de enero de 2026 con el aumento del salario mínimo?
El cambio en la fórmula de cálculo hace que ya no sea suficiente acumular alrededor de $350 millones para acceder a una renta vitalicia mínima, sino que ahora se requieran cerca de $550 millones, dijo.
Por ello, según Velasco, se obliga a trabajar más de una década adicional.
Trabajadoras domésticas
El gremio del servicio doméstico manifestó este viernes su preocupación por el aumento del salario mínimo. La presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Yenny Hurtado, advirtió en Blu Radio que la medida podría desencadenar despidos masivos y mayor informalidad.
“Los análisis que hicimos con mis compañeras muestran que el costo puede quedar más o menos en 3 millones 25 mil pesos”, explicó, al incluir seguridad social, prestaciones y demás obligaciones.
La dirigente sindical advirtió que solo quienes tengan altos ingresos podrán asumir el costo del nuevo salario, refiriéndose a los empleadores o dueños de casa que tengan cómo pagar más de 3 millones de pesos.
Seguridad privada
La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) alertó sobre el significativo impacto que tendrá el aumento del salario mínimo en los costos del servicio de vigilancia privada en Colombia, lo que afectará directamente a conjuntos residenciales, pequeñas y medianas empresas y a los usuarios en general.
Con el incremento del salario mínimo decretado para 2026, el aumento acumulado en el costo del servicio para los usuarios superará el 30 % en un periodo de apenas seis meses, poniendo en riesgo la sostenibilidad y continuidad de la vigilancia privada formal en el país.
“Este incremento se explica por el aumento del 23 % en el salario mínimo, sumado a un 7 % adicional en las tarifas del servicio, derivado de la reducción de la jornada laboral sin disminución salarial, que pasó de 46 a 42 horas semanales, y de la ampliación del horario nocturno, que se extiende desde las 7:00 p. m. hasta las 6:00 a. m., lo que implica mayores recargos salariales para los vigilantes. Estos costos laborales adicionales, deben ser asumidos por las empresas de seguridad y, de manera inevitable, trasladados al usuario final”, explicaron.
CARF advierte que aumento del salario presionará el déficit fiscal
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) alertó que el alza del salario mínimo tendría efectos negativos sobre el equilibrio de las cuentas públicas y dificultaría el regreso a los límites establecidos por la Regla Fiscal en los próximos años.
Asimismo, en un comunicado emitido este 2 de enero, se lee que los “cálculos preliminares y parciales del CARF indican que el efecto del aumento en el salario mínimo aumentará el déficit fiscal de 2026 en, por lo menos, $5,3 billones (0,3% del PIB) y $8 billones (0,4% del PIB) de 2027 en adelante”.
El CARF advierte además que la decisión llega en un momento complejo para las finanzas públicas, que ya han enfrentado tensiones severas y llevaron a la suspensión temporal de la Regla Fiscal bajo el argumento de garantizar la continuidad de los servicios del Estado.
Según el comité, el impacto del salario mínimo no se limita únicamente al pago de nómina del sector público. También se reflejaría en mayores costos por concepto de pensiones, contratos de servicios tercerizados como aseo y cafetería, y una posible reducción en las utilidades de las empresas privadas: menores ganancias empresariales implicarían una caída en el recaudo de renta. Solo por este efecto, la Nación dejaría de recibir $2,7 billones en 2027.
Procuraduría llama la atención sobre empresas de servicios temporales
La Procuraduría informó este viernes que el Ministerio del Trabajo accedió a conformar una mesa técnica sobre la regulación de las Empresas de Servicios Temporales en el país.
Esto tras la publicación del proyecto de decreto “Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo”, sobre el que la Procuraduría formuló algunas observaciones respecto a su trámite y disposiciones reglamentarias.
“Al tener en cuenta que, de acuerdo con estudios recientes, las Empresas de Servicios Temporales generaron en 2025 más de 50.000 empleos formales y que actualmente existen 474.188 trabajadores en misión, cifra que representa el 4,8 % del empleo formal dependiente en Colombia, la Procuraduría enfatizó en la necesidad de ajustar algunas disposiciones del proyecto de decreto, ante el posible impacto negativo que podría comprometer la continuidad y estabilidad de dichos empleos formales en nuestro país”, se lee.
Y pidió no restringir la modalidad de trabajo en misión para actividades vinculadas al objeto social o al giro ordinario de los negocios, y especialmente no establecer un límite del 10 % al personal vinculado laboralmente bajo esta modalidad en las empresas.
