La Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) cerró el año 2025 con importantes avances en su labor judicial, pero lanzó una advertencia al Estado por la falta de recursos suficientes para ejecutar las sentencias ya emitidas, especialmente las relacionadas con secuestros y falsos positivos.
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Así lo señaló este domingo su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, en medio de un balance general entregado durante una entrevista ofrecida a ‘Caracol Radio’.
El principal reparo expuesto por la JEP tiene que ver con la financiación de las primeras sentencias restaurativas, cuyo costo supera los $ 121 mil millones. Y es que, de acuerdo con lo expuesto por Ramelli, aunque la Jurisdicción cumplió con su mandato judicial, el Estado no ha asegurado los recursos necesarios para materializar las órdenes.
“Están, por un lado, 20 mil millones de pesos que están en el Fondo Colombia en Paz que los va a administrar la Agencia para la Reincorporación y la Normalización”, indicó el magistrado.
A esto, según Ramelli, se sumarían otros recursos aún en evaluación: “El Ministerio de Hacienda nos comentó, nos informó que existía la posibilidad de otros $ 30 mil millones para todo el tema restaurativo”, agregó.
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No obstante, aun si se concreta la entrega de estos recursos, apenas se alcanzaría a cubrir cerca de la mitad de lo requerido para ejecutar las dos primeras sentencias emitidas por la JEP.
Ramelli explicó que la situación jurídica cambiará una vez las sentencias queden en firme, tras resolverse la segunda instancia. En ese escenario, el Estado estaría obligado legalmente a cumplir.
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“Dentro de las órdenes de la sentencia del caso 01 está que el gobierno tiene que financiar (…) ya es una obligación de cumplimiento de una sentencia”, precisó.
El balance general de la JEP en 2025
Pese a las alertas financieras, el presidente de la JEP calificó 2025 como un año de alta exigencia institucional y resultados concretos dentro del sistema de justicia transicional. “Este fue un año bastante arduo, con muchísimos resultados”, afirmó.
Entre los avances destacó la emisión de dos sentencias restaurativas, la resolución de la situación jurídica de más de 400 comparecientes no máximos responsables, así como progresos en juicios adversariales y en todos los macrocasos de la primera fase de priorización, que ya cuentan con determinación de hechos y conductas.
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En su balance, Ramelli subrayó que el modelo de justicia restaurativa fue puesto a prueba durante el año, con resultados visibles tanto en decisiones judiciales como en medidas cautelares. “Fue un año donde se puso a prueba el sistema restaurativo con todas las dificultades que conlleva y con muchísimos resultados”, sostuvo.
Otro aspecto abordado fue el acompañamiento internacional a las decisiones de la JEP. Tras la reducción de funciones de la Misión de Verificación de la ONU, el magistrado confirmó que ONU Derechos Humanos podría asumir la verificación estratégica del cumplimiento de las sentencias.
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“Nosotros somos los responsables directos del monitoreo (…) ese acompañamiento es muy importante, pero que de ninguna manera reemplaza las competencias nuestras”, aclaró.
La propuesta deberá ser avalada por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).
Autocrítica y expectativas de la JEP para 2026
En el balance de 2025, Ramelli reconoció que algunos procesos pudieron resolverse con mayor agilidad. “Quizá hubiéramos podido ser un poco más ágiles (…) podríamos decir que hubiéramos podido tomarnos menos tiempo”, admitió.
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De cara a 2026, el presidente de la JEP espera un aumento significativo en el número de sentencias y avances hacia el cierre definitivo de los macrocasos. “Que el 2026 tengamos muchas más sentencias que las tres que ya tuvimos este año”, precisó.
La Jurisdicción Especial para la Paz, creada tras el acuerdo entre el Estado colombiano y las antiguas Farc, mantendrá —según Ramelli— a las víctimas como eje central de su trabajo, priorizando verdad, justicia restaurativa y reparación.
