Este año que pronto termina no fue la excepción. En lo que lleva de gobierno, el presidente Gustavo Petro ha protagonizado toda clase de peleas, cuestionamientos y arremetidas contra las otras ramas del poder público, los entes de control y los organismos independientes del Estado.
Lea también: Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que el salario mínimo estaría por encima de la inflación
Esto ha hecho que no pocas veces la institucionalidad del país respalde al funcionario o a la entidad víctima de las críticas del Ejecutivo, como la única forma de defender la separación de poderes en un estado democrático.
La más reciente de estas amenazas de micrófonos y redes sociales se dio esta semana, cuando Petro cuestionó al Tribunal Superior de Bogotá, que mandó a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Juan Fernando Velasco por el caso de la Ungrd.
“La magistrada Aura Rosero puso en libertad a Uribe. No calificaré su decisión, pero sentí burlada a la juez de primera instancia. Ahora lleva a la cárcel al doctor en economía y profesor por profesión, Ricardo Bonilla, que tiene 76 años y estuvo hace días en UCI, lo ha puesto en peligro. (...) Hablar de las sentencias sin perturbarlas es un derecho de cualquier ciudadano. Una cosa es opinar, otra cosa es afectar la sentencia”, dijo.
Así mismo, en la segunda semana de este mismo mes, ante el ‘trino’ de Petro que puso en duda el “apoyo” de la Fiscalía a la Casa de Nariño, la fiscal Luz Adriana Camargo reafirmó la autonomía institucional y enfatizó que el organismo de investigación penal no fue creado para servir al Ejecutivo.
Lea también: Video: así interceptó Estados Unidos el buque petrolero cerca de Venezuela este sábado
Petro afirmó que Camargo estaría “preocupada por su inclusión a la Lista Clinton” y que por esa razón no estaría respaldando la agenda en temas de paz. Pero la fiscal respondió: “La Fiscalía no está instituida para prestarle apoyo al Gobierno nacional”.
El fracaso de la tributaria
Un día antes, Petro arremetió contra el Congreso luego de que se hundiera la reforma tributaria: “El hundimiento de la ley financiera, como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional”.
Calarcá
A finales de noviembre, la Procuraduría le dio un ‘tatequieto’ a Petro y suspendió al general del Ejército, Juan Miguel Huertas, y a Wílmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tras ser mencionados en chats y otros documentos que los vincularían a las disidencias de alias Calarcá.
Los insultos de Benedetti
A mediados de noviembre también se produjo un episodio penoso por unos señalamientos muy criticados del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, que ordenó una diligencia en la casa del funcionario en Puerto Colombia, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Ante el hecho, el jefe de la cartera política calificó la actuación de la togada como un “abuso de poder” y la tildó de “demente” y “delincuente”. Pero aquí igualmente la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra el ministro.
Decreto de salud
A finales de octubre, el round fue por la suspensión del decreto de la reforma a la salud. El Consejo de Estado determinó que el Gobierno podría haber excedido sus facultades reglamentarias y vulnerado el principio de reserva de ley. Ante lo que Petro no dudó en expresar su desacuerdo: “Lamentable que aún en el mundo jurídico, que debería defender el Estado Social de Derecho, termine suspendido el derecho”.
Lea también: Gobierno de Maduro rechaza “robo” de “nuevo buque” con crudo venezolano por parte de EE. UU.
La amenaza constituyente
También en octubre, Petro amenazó con que entregaría al Congreso –el 20 de julio de 2026– las firmas para convocar una constituyente. Esta no fue la primera vez que Petro propuso convocar una asamblea constituyente.
Por ello, desde julio, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro Duque, pedía respeto a Petro por la Constitución de 1991: “El incumplimiento a los derechos y a los procedimientos constitucionales, por bien intencionados que parezcan, solo puede conducir al desorden, al caos y por allí a la violación de garantías de los ciudadanos”.
Y el procurador Gregorio Eljach ya había puesto en su lugar al presidente Petro, a mediados de septiembre: “Una asamblea constituyente es para constituir, no para modificar”.
Dardos a Corte Constitucional
Cuando corría la mitad de octubre se conoció que la ponencia del presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, proponía declarar inconstitucional la reforma pensional, al considerar que durante las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio en la Cámara no se corrigieron los vicios de trámite que motivaron su devolución al Congreso. No obstante, desde julio, Petro ya venía criticando a la Corte y a Ibáñez: “¿Por qué otra vez intentar detener la aplicación de la reforma pensional en favor de dos banqueros?”.
Lea también: Gobierno firmó el decreto de emergencia económica, confirmó Armando Benedetti
Las largas alocuciones
A comienzos de ese mismo mes de octubre, el Consejo de Estado, bajo la ponencia del magistrado Alberto Montaña, emitió un fallo clave que amparaba el derecho fundamental a la información frente al uso reiterado de las alocuciones por parte de Petro.
La alta corte reconoció que el presidente posee la facultad de dirigirse al país mediante alocuciones, pero subrayó que su uso debe ser excepcional, urgente y de interés general. Pero Petro arremetió: “El Consejo de Estado quiere dar su golpe de Estado: censurar al presidente”.
Y a principios de ese mismo mes, Petro descalificó la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional: “El Senado decidió no hacer avanzar al país, sino hacerlo retroceder al abuso”.
La pelea con el contralor
A mediados de julio, el turno fue para el contralor Carlos Hernán Rodríguez, quien desmintió a Petro sobre la deuda de las EPS, señalando que no podía sustentar que fuera de más de $100 billones, como sostuvo el presidente.
“Yo no voy a contradecir ni a polemizar los informes de la Contraloría ni con el señor presidente ni con ningún organismo sujeto de control”, agregando que la cifra de $32.9 billones que daba la Contraloría estaba soportada en los estados financieros que reportaron las entidades.
El ‘decretazo’
En junio, el Consejo de Estado suspendió el ‘decretazo’ de la consulta popular expedido por Petro al advertir que “fue expedido sin el concepto previo favorable del Senado, en los términos previstos en la Constitución”.
Esta acción judicial fue presentada por el entonces presidente del Senado, Efraín Cepeda. Previamente, Petro había anunciado “acciones jurídicas” contra el registrador Hernán Penagos por haber pedido un concepto a las altas cortes sobre si debía o no seguir con el trámite de la polémica consulta popular decretada: “Está en una situación de sedición contra el presidente de la República. (…) Siendo la Registraduría árbitro de las elecciones, toma partido, y eso no debe suceder”.
La consulta popular
Y en abril, la diana de Petro fue el entonces presidente del Congreso y hoy presidente de la colectividad azul, Efraín Cepeda, y en general todo el Legislativo, en medio del trámite de la fracasada consulta: “Si a los amigos de Efraín Cepeda se les ocurre negar la consulta popular, el pueblo va a borrar a esos congresistas de la historia de Colombia”.
