La Procuraduría General de la Nación informó este lunes que ha abierto indagación previa contra funcionarios por determinar del Fondo Adaptación por presuntas irregularidades en varios contratos que tendrían una ejecución presupuestal del 0 %.
La indagación está a cargo de la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, que indicó que le pondrá la lupa a los negocios jurídicos de Hidrodinámica, Senderos para la Paz, La Mojana y la Ruta del arroz, que sumados tendrían irregularidades por más de $100 mil millones.
El ente de control indicó que también se validarán las denuncian sobre posibles vínculos y presiones políticas de dirigentes de partidos políticos y otras colectividades para la adjudicación del contrato, en los que podría estar involucrada la Fundación San José y la supuesta interferencia a la interventoría para favorecer al contratista.
“La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de pruebas”, concluyó.
Esta indagación se abre después de que el pasado jueves la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, denunciara múltiples irregularidades en el Fondo Adaptación, entidad que asumió hace aproximadamente un mes por solicitud del presidente Gustavo Petro.
Las advertencias incluyeron problemas en la contratación, deficiencias en la ejecución presupuestal, riesgos de reintegro de recursos y fallas en proyectos estratégicos.
Durante su intervención en la Casa de Nariño, Rodríguez señaló que las metas programadas para 2025 registran solo un 47 % de ejecución, además de un castigo por no ejecución en 2024 que implicó la devolución de cerca de $200.000 millones al Ministerio de Hacienda.
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“Del total de $8,3 billones asignados desde la creación del Fondo para la reconstrucción de infraestructura, se ha pagado $7,6 billones, lo que equivale a una ejecución histórica del 90%. No obstante, la alerta reside en la gestión reciente: en 2024 el Ministerio de Hacienda castigó la no ejecución del Fondo solicitando el reintegro de casi $200 mil millones, y para 2025, solo se ha ejecutado el 47% de las metas programadas, existiendo el riesgo de reintegro de $378 mil millones (…) por falta de gestión”, manifestó.
La funcionaria anunció que este informe sería radicado ante la Procuraduría y la Fiscalía para que determinen si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales de anteriores gerentes.
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Uno de los puntos más críticos del informe está relacionado con La Mojana, una obra priorizada por el Gobierno Petro. Rodríguez indicó que, pese a que por primera vez se asignaron $1,1 billones para resolver la desconexión hídrica en la zona, la ejecución es mínima.
“A pesar de este esfuerzo, por deficiencias en gestión administrativa, a la fecha se tiene una mínima ejecución de tan solo el 3 % (pagados $30 mil millones) y se encuentra en riesgo de pérdida de aproximadamente $235 mil millones”, denunció. La cifra, dijo, “es escalofriante. La manifiesto con profundo dolor”.
Según la directora del Dapre, el Fondo Adaptación debería contar ya con estudios y diseños avanzados, pero “la entidad se encuentra apenas preparando una solución conceptual” y la licitación para una consultoría clave fue declarada desierta.
Denuncias sobre obras recientes bajo la gerencia de Carlos Carrillo
Rodríguez también hizo observaciones sobre obras ejecutadas recientemente, incluso durante el actual Gobierno.
Sobre la Ruta del Arroz, afirmó: “Adjudicada durante la gerencia de Carlos Carrillo, tiene un avance físico de solo el 27% sin soportes en secop y financiero del 0%, presentando un riesgo de incumplimiento contractual”.
Agregó que el proyecto “tiene riesgo de colapso financiero, al haber destinado el 14% del contrato en costos de administración, porcentaje elevado para el mercado”.
Por otro lado, en cuanto al proyecto de investigación Hidrodinámica, señaló que, bajo la misma gerencia, se contrató de manera directa un convenio por $17.5 mil millones para insumos básicos, pese a alertas de control interno y a que la empresa vinculada ya había tenido relaciones previas con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
