La Procuraduría General de la Nación pidió este martes al Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspender de manera inmediata cualquier giro de recursos hacia la Casa de la Moneda de Portugal, dentro del convenio para la producción de pasaportes firmado por el Gobierno colombiano.
El organismo presentó una solicitud de medidas cautelares en el marco de la demanda interpuesta contra el convenio, al considerar que el contrato presenta fallas graves en su estructuración y podría comprometer el patrimonio público.
Según la Procuraduría, el acuerdo fue mal diseñado y permitiría la transferencia de hasta 1,8 billones de pesos mientras no exista una decisión judicial de fondo. Por eso, insiste en que resulta necesario detener cualquier pago hasta que se aclare la legalidad del convenio.
“Se justifica la presente medida cautelar en la gravosidad que genera para el patrimonio público y la prestación del servicio la ejecución y cumplimiento de obligaciones consignadas en el convenio con persona extranjera de derecho público”, señala el documento radicado ante el Tribunal.
Riesgo para el erario, según la Procuraduría
El Ministerio Público argumentó que negarse a decretar la medida representa un riesgo mayor para las finanzas del Estado, pues el trámite judicial podría tardar lo suficiente como para que el convenio se ejecute y los pagos sean hechos sin la debida revisión.
“El transcurrir del tiempo puede terminar convalidando las antijuridicidades discutidas, teniendo en cuenta que los pagos se efectuarán al contratista bajo las condiciones pactadas, sin que existan estudios técnicos y/o económicos que las soporten”, advierte el documento firmado por el delegado Marcio Melgosa.
El ente de control enfatiza que, al ponderar los intereses en juego, es preferible que el litigio avance sin que el gobierno realice giros a la Casa de la Moneda de Portugal.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá decidir si adopta la medida cautelar y ordena frenar todos los pagos relacionados con el convenio de pasaportes, o si permite que el Gobierno continúe con su ejecución mientras se resuelve la demanda.
