La Fiscalía General de la Nación decidió retirar el cargo de falso testimonio que tenía previsto imputar a Nicolás Petro. El ente acusador concluyó que los hechos que sustentaban esa acusación ya están contemplados dentro del delito de falsedad ideológica en documento público, por lo que no continuarían como una conducta independiente.
La decisión se dio durante la audiencia de imputación, en la que la fiscal Lucy Marcela Laborde mantuvo los demás delitos que le atribuye al exdiputado: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
En la diligencia, la delegada del ente investigador explicó que no insistiría en el falso testimonio porque esa conducta queda subsumida en la falsedad ideológica en documento público, al tratarse de información registrada bajo juramento en plataformas oficiales.
“La Fiscalía no insistirá por el delito de falso testimonio toda vez que la información se ingresa a la plataforma con la salvedad que se hace bajo la gravedad del juramento. Esta conducta queda íntegramente subsumida en el tipo penal de falsedad ideológica en documento público que constituye la calificación jurídica más específica y adecuada para los hechos investigados”, precisó la fiscal.
La determinación está relacionada con la presunta información inexacta que, según la Fiscalía, habría sido ingresada por Petro al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), particularmente en lo referente a su hoja de vida y experiencia laboral. Según el organismo investigador, esos hechos quedan comprendidos dentro del proceso por falsedad en documento público.
El caso avanza en medio de cuestionamientos a la fiscal del proceso
La decisión se conoce en medio de un escenario judicial marcado por cuestionamientos a la fiscal del caso, Lucy Marcela Laborde.
Horas antes, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes pidió abrirle investigaciones penales y disciplinarias por una presunta obstrucción a las órdenes de esa célula investigativa y por la aparente dilación de una inspección ordenada en el proceso que se sigue contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilegal en la campaña de 2022.
El informe remitido a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla detalla que la diligencia del 18 de noviembre no se cumplió y que la fiscal habría aplazado la orden por canales informales, pese a que la audiencia en la que se encontraba fue suspendida precisamente para que pudiera atenderla.
Defensa insiste en falta de claridad sobre los hechos imputados
Mientras avanza el trámite en la Comisión, la imputación de cargos contra Nicolás Petro continúa en curso ante el juez 14 de control de garantías de Barranquilla. La diligencia de este miércoles se reanudó con la intervención de la fiscal Laborde, luego de que el despacho y el Ministerio Público solicitaran múltiples aclaraciones sobre los hechos atribuidos al exdiputado.
La defensa, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, cuestionó la falta de precisión en la exposición de la Fiscalía y sostuvo que los vacíos explicativos afectan el derecho al debido proceso.
El abogado insistió en que, pese a semanas de audiencia, no se han concretado las condiciones de tiempo, modo y lugar de los hechos imputados, lo que ha llevado a que el juez formule decenas de preguntas para intentar esclarecerlos. La audiencia está prevista para continuar a las 4:00 p. m., con nuevas intervenciones del ente acusador.
