Se conocieron este jueves unos chats al parecer entre la fiscal delegada ante la Corte Suprema, Andrea Muñoz, y el exabogado de la ex consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, que sugerirían una supuesta injerencia de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en el caso de la Ungrd.
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Muñoz fue apartada en mayo de 2024 de la dirección del caso y ahora ejerce como fiscal auxiliar. La Fiscalía respondió por su parte que Camargo sí puede conocer del caso y rechaza los “ataques mediáticos” de Ortiz.
Los chats, revelados por la emisora Blu Radio, arrancan el 24 de marzo pasado con un aparente mensaje de Muñoz: “Doctor buenos días. Ayer se solicitó la no remisión de la señora S.O ya que no se ha podido realizar la reunión con la señora Fiscal. Ayer le timbré en la tarde para avisarle pero se iba a buzón, por eso le dejo hoy el mensaje. Gracias doctor”.
Luego, el 26 de marzo Muñoz al parecer saluda al abogado y le dice que “la fiscal general está de viaje y no ha podido concretar la doctora María Cristina (Patiño, la actual fiscal del caso de la Ungrd) la reunión con ella, para definir lo de su cliente”.
Y el 27 de marzo, el abogado le hace una aparente llamada que no es contestada por Muñoz. Pero, al paso de las horas, ella le dejaría al parecer un mensaje: “Doctor buenas tardes. Espero esté muy bien. Doctor para comentarle que ya me hicieron la entrevista los de protección y mañana la tienen con la doctora María Cristina, el tema se está moviendo. La fiscal está por fuera esta semana, entonces la doctora está pendiente de la reunión con ella, igualmente la próxima semana”.
Además, hay un documento que sería de junio pasado en que le niegan la protección a las hijas de Ortiz y lo firmaría al parecer Juana Marcela Cárdenas, jefa del departamento de protección y asistencia de la Fiscalía (e): “Lo único presentado por la evaluada y su defensa jurídica, fue una matriz de colaboración donde detalla la información que aportaría a la Fiscalía en virtud de un eventual principio de oportunidad que se encontraba negociando y pendiente de autorización por parte de la señora fiscal general de la Nación”.
En ese momento, la fiscal Camargo dijo que le iba a pedir a la “Oficina de Protección y Asistencia que corrija ese acto administrativo, porque ese acto administrativo tiene falsa motivación. (...) No existe ninguna actividad pendiente de aprobación de mi parte, como lo reitera la conducta que yo he seguido desde el día uno frente a la Fiscalía y como lo pueden certificar todos los fiscales y directores que han tramitado principios de oportunidad, que dicho sea de paso, junto con sentencias preacordadas, han aumentado exponencialmente en el último año”.
En medio de todo esto, el veedor Pablo Bustos denunció a la fiscal ante la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara aseverando que “los hechos para imputar a la exconsejera Sandra Ortiz, eran los mismos para imputar al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González y, además, solicitar la imposición de medida de aseguramiento. (...) La Fiscalía ha negado el preacuerdo y principio de oportunidad a Sandra Ortiz y, por el contrario, los fiscales denunciados se negaron a imputar y solicitar medida de aseguramiento a Carlos Ramón González ni a César Manrique”.
