La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió una investigación formal contra la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, tras conceder libertad condicional a Emilio Tapia, condenado por el escándalo de corrupción ‘Centros Poblados’. La medida judicial fue otorgada el 11 de abril de 2025.
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El proceso disciplinario busca determinar si la jueza actuó conforme a la ley al autorizar la libertad condicional de Tapia, condenado a seis años y cuatro meses de prisión. La Procuraduría General de la Nación había interpuesto un recurso de apelación, alegando que la decisión no cumplía con los requisitos legales establecidos.
El Ministerio Público sostiene que se violaron disposiciones del Código Penal, el Código Penitenciario y Carcelario, la Constitución y la Ley 190 de 1995, que obliga a que las entidades estatales afectadas se constituyan como parte civil en los procesos por corrupción.
Demora en la apelación
Otro de los puntos que revisará la Comisión de Disciplina Judicial es la presunta demora en la resolución del recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría. Según la entidad, la demora afectó la garantía de los controles legales sobre la medida de libertad condicional.
La investigación busca establecer si existió negligencia o irregularidad en la gestión del caso por parte de la jueza de Barranquilla.
El papel de Emilio Tapia en el caso ‘Centros Poblados’
Emilio Tapia es señalado como el principal artífice del escándalo de ‘Centros Poblados’. De acuerdo con las investigaciones, el contratista participó en la presentación de garantías bancarias falsas por parte de la Unión Temporal Centros Poblados.
Esa maniobra permitió el desembolso anticipado de 70.000 millones de pesos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), recursos que debían destinarse a un contrato para llevar internet a zonas rurales del país. Los dineros nunca fueron recuperados.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial recordó que la apertura de investigación no implica responsabilidad automática, sino que busca verificar si la funcionaria judicial incurrió en faltas disciplinarias al momento de conceder la libertad condicional y al tramitar la apelación.
El proceso continuará con la recolección de pruebas y declaraciones. En caso de encontrarse méritos, la jueza podría enfrentar sanciones disciplinarias que van desde amonestaciones hasta la suspensión o destitución del cargo.
